Las disputas partidistas en el Congreso empantanan la Ley de Seguridad Vial

Nunca la lucha partidaria había obstaculizado una iniciativa destinada a mejorar la seguridad vial. La propia ley del carné por puntos vio la luz con 317 votos a favor y sólo 7 en contra (los del PNV, por temas competenciales). Y eso en un momento, en abril de 2005, cuando la crispación de la vida política era feroz. Ni CiU, adalid de la lucha contra los accidentes de tráfico y sus consecuencias, parece facilitar las cosas para que salga adelante cuanto antes la Ley de Seguridad Vial, que entró en el Congreso en diciembre.

Ahora, cuando la oposición intenta apretar al máximo al Gobierno en el Parlamento para dejar patente su soledad, el último reducto de consenso también se ha esfumado. Esto llevó al Gobierno incluso a plantearse que "si se llegaba a tocar el espíritu de la ley" retiraría la norma, que pretende modificar el procedimiento sancionador para hacerlo más ágil y eficaz; más cercano a la filosofía de los juicios rápidos.

El abultado número de enmiendas presentadas (225, bastantes más que en la tramitación del carné por puntos) y la dificultad del Grupo Socialista para avanzar y cerrar acuerdos concretos, ha llevado al Gobierno a descartar que la reforma pueda estar aprobada antes del próximo verano. Aunque el trámite en el Congreso concluyera hoy, hasta su aprobación definitiva, todavía debería pasar por el Senado y regresar nuevamente al Congreso, con lo que, si se tiene en cuenta que julio y agosto no son hábiles en las Cámaras, ya no hay tiempo material para que estuviera aprobada este verano.

En principio, el Ejecutivo había puesto la vista en esa fecha, pero el inesperado descenso del número de fallecidos en lo que va de año ha amortiguado ese inconveniente. "Es más importante hacerlo bien que hacerlo rápido", proclaman ahora. No obstante, con el retraso que acumula, seguramente no obtendrá luz verde de las Cámaras hasta finales de septiembre, como mínimo. Pero eso no es todo, como la ley indica que entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el BOE, la aplicación de la ley no se hará efectiva al menos hasta Semana Santa. Sí se dejará inmediatamente de multar por infracciones que restan ahora puntos y en el nuevo texto ya no tienen ese castigo (ver gráfico). Existen dos aspectos de la reforma legislativa que tardarán un año en ponerse en marcha tras su aprobación: la implantación de la dirección electrónica como medio de notificación y el tablón edictal que sustituirá a la publicación de las denuncias en los boletines oficiales.

Fuentes cercanas a la tramitación parlamentaria señalan que las enmiendas presentadas no afectan a lo esencial de la norma "pero que la oposición está intentando torpedearla con cuestiones accesorias". Hasta ahora, se han aprobado 42 por unanimidad y otras 5 por mayoría, aunque el PSOE intentará recuperar el texto original de estas últimas. Todas las demás, más de 150, podrían ser recuperadas en la próxima votación, a final de mes, o posteriormente en pleno, en los últimos días de mayo, por lo que todavía podría haber cambios.

Cuatro de las enmiendas aprobadas, que complican los acuerdos, han sido presentadas por CiU, y la quinta por el PP. Los populares pretenden que sean los agentes quienes comprueben si el conductor tiene todos los permisos exigidos por la ley, es decir, que el conductor no lleve encima documento alguno. Dos de las enmiendas de los nacionalistas catalanes establecen que los garajes y aparcamientos cuenten con un dispositivo de alerta de entrada y salida de vehículos para mejorar la seguridad de personas con discapacidad visual o auditiva, así como la obligatoriedad de colocar en sitio visible un adhesivo que acredite que el vehículo está asegurado, similar al de la ITV. También ha logrado la aprobación de otra medida que establece que cuando autovías y autopistas tengan fijado un sistema de velocidad variable, no se descuenten puntos hasta los 151 por hora.

De las más de 150 enmiendas pendientes de aprobación los socialistas están dispuestos a apoyar un porcentaje importante. "Vamos a apelar a la responsabilidad de todos. La ley la hemos hecho porque la Comisión de Seguridad Vial del Congreso por unanimidad instó en su día al Gobierno a elaborarla. Nosotros hemos cumplido. El objetivo sigue siendo evitar muertes en accidentes de tráfico", aseguran.