El Gobierno deroga la 'ley Rato' que buscaba el control de las empresas energéticas

El Gobierno ha derogado la conocida como ley Rato, aprobada en 1999 para controlar la entrada en España de empresas energéticas extranjeras con participación pública. Así se recoge en el real decreto aprobado el miércoles que pone fin al déficit tarifario y que publicará el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La norma, cuestionada por la UE y por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, que condenó a España en 2008, fue aprobada hace 10 años a instancias del entonces ministro de Economía Rodrigo Rato, para frenar las aspiraciones de la compañía francesa pública EDF sobre Hidrocantábrico, propiedad hoy de la portuguesa EDP. En esencia, la norma establecía que, en caso de adquisición o control de más del 3% de las acciones en las compañías energéticas españolas por empresas extranjeras con participación pública, los derechos de voto por encima de ese límite estarían sometidos a la previa autorización del Gobierno. Su simple existencia bastaba para deshacer planteamientos hostiles. La Unión Europea entendió que una norma así, cuando se trataba de construir el mercado único, iba en contra de la legalidad e instó al Gobierno a modificar la ley. España lo hizo en el año 2003, pero Bruselas consideró que las modificaciones eran insuficientes.

La norma quería proteger a Hidrocantábrico de EDF hace 10 años

Así, en 2004, la Comisión volvió a estimar que los cambios realizados no eran suficientes, "puesto que daban a las autoridades amplios poderes discrecionales para autorizar o no el ejercicio de los derechos de voto en empresas energéticas españolas por parte de entidades públicas".

La pugna siguió y, finalmente, en 2006, la Comisión Europea envió el caso al Tribunal de Luxemburgo. La Comisión argumentó que las disposiciones que limitaban el derecho de voto de las empresas estatales en el sector de la energía "constituyen restricciones injustificadas de la libre circulación de capitales que infringen las normas del Tratado de la CE (artículo 56)". Y el Tribunal de Luxemburgo le dio la razón el año pasado. Condenó al Reino de España, por estimar que había "incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 56 de la CE al mantener en vigor medidas como las previstas, que limitan los derechos de voto correspondientes a las acciones poseídas por las entidades públicas en las empresas españolas que operen en el sector energético".

Aun con todas las trabas comunitarias, la ley Rato había aparecido y desaparecido en los últimos años al ritmo de los acontecimientos en el agitado sector de la energía y, especialmente, en la batalla por el control de Endesa, decantada finalmente a favor de la compañía italiana Enel, participada por el Estado italiano. En lo más álgido de la pelea entre la alemana E.ON y la italiana Enel (aliada al grupo Acciona), el Gobierno, a través del entonces director de la Oficina Económica del Presidente, David Taguas, hizo una calificación de la norma ahora derogada: "una ley envejecida" dijo Taguas "que está además en contra de Bruselas".

Pero en marzo de 2008, aún recientes los ecos de la batalla por la eléctrica española, su ex presidente y entonces candidato al Congreso por el PP, Manuel Pizarro, aún defendía la ley Rato. Pizarro cuestionó la actitud del Gobierno socialista por no defenderla en Europa. Era, dijo, un "elemento fundamental".