El Gobierno avala deuda eléctrica a cambio de tarifas sociales

Las empresas eléctricas están de enhorabuena. De los 16.000 millones de déficit tarifario -diferencia entre costes de producción e ingresos por tarifas- acumulados desde principios de siglo, 10.000 millones estaban en el aire, pendientes de cobro. Ahora, los van a cobrar. El Gobierno aprobó ayer otorgar el aval del Estado a la colocación de hasta 10.000 millones de esa deuda eléctrica en los mercados financieros (titulización). Así, las empresas podrán convertir en euros de verdad lo que hasta ahora eran sólo apuntes en su contabilidad.

A cambio, las compañías no subirán la luz durante cuatro años a cinco millones de hogares: los que en su residencia habitual tienen una potencia contratada inferior a tres kilovatios; los jubilados con pensiones mínimas; los hogares con todos sus miembros en paro y las familias numerosas. Jubilados y familias numerosas tendrán que solicitar la congelación.

La mayoría de los consumidores tendrá subidas significativas

Pensionistas y familias numerosas deberán pedir la congelación

Como señaló el ministro de Industria, Miguel Sebastián, en múltiples intervenciones públicas, para solucionar el espinoso asunto del déficit, Gobierno, empresas y consumidores van a tener que hacer un esfuerzo. En realidad, y si se tiene en cuenta que los consumidores son también contribuyentes, no es difícil determinar quién va a correr con el mayor esfuerzo.

Primero, porque el aval del Estado a la deuda eléctrica tendrá su coste. Segundo, porque el Gobierno sacará de la tarifa eléctrica los llamados costes extrapeninsulares (1.300 millones hasta 2012) y los pasará a los Presupuestos Generales del Estado. Y tercero, porque la mayor parte de los 25 millones de consumidores tendrán que hacer frente a subidas de precios significativas en los próximos meses.

En el sector se barajan incrementos de en torno al 2% en junio y subidas de al menos el 5% anual en los próximos ejercicios. En un contexto de baja actividad, caída del consumo y desplome de precios, los porcentajes de incremento que se barajan son, por tanto, muy significativos.

Las compañías eléctricas también ponen algo de su parte. La tarifa reducida para cinco millones de hogares hasta 2012, sostienen, puede tener un coste de hasta 2.000 millones. Y además tendrán que asumir el coste de la gestión de residuos nucleares, que asciende a unos 2.700 millones y que hasta ahora se cargaba también en el recibo. Lo que no han conseguido las compañías ha sido que Industria aceptara traspasar las primas a las energías renovables, de las tarifas a los Presupuestos Generales.

La asociación patronal del sector, Unesa, acogió el real decreto aprobado ayer con "positiva resignación". "Positiva", explicó, "porque cambia la dinámica" en el sector, pero acogida con resignación porque "no responde exactamente a lo que el sector aspiraba". El acuerdo, no obstante, exigirá un "esfuerzo importante al sector durante tres años, que se hará para poder ir avanzando".

También la patronal CEOE valoró la medida. En opinión de la confederación, la desaparición del déficit "reanimará" la inversión y la creación de empleo. Según el comunicado que hizo público ayer, la medida para el sector eléctrico, unida a la aportación de 14.000 millones de euros a los ayuntamientos para pagar sus deudas, responde a sus demandas y va en la dirección correcta.