Un problema heredado

El llamado déficit tarifario ha sido uno de los embrollos más grandes jamás generados en un sector económicamente importante. Y a cada cual, lo que le corresponde. El embrión del lío lo implantó el Gobierno del PP, allá por el año 2000. Entonces, en un contexto de precios energéticos tirados, se decidió que las tarifas de la luz permanecieran baratas. Al margen de la evolución de los precios. El resultado: lo que las tarifas no subían se embalsaba en una factura que habría que pagar en el futuro.

Como en la fábula del tablero de ajedrez y los granos de arroz, el problema creció de forma exponencial. Pero, ¿quién le ponía el cascabel a un gato convertido en tigre? Durante años, con la deuda creciendo, los Gobiernos miraron hacia otro lado. Hasta que los números rozaban el escándalo. La Comisión Nacional de la Energía (CNE) se mojó y elaboró informes en los que abogaba por subidas tarifarias de más del 30% para frenar el desaguisado. Pero el recibo de la luz es un asunto políticamente sensible.

Por esa razón, al actual ministro de Industria, Miguel Sebastián, se le reconoce el mérito de haberse comprometido a sofocar el incendio.

Sebastián y el actual secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, empezaron a negociar en serio con el sector en noviembre de 2008. En diciembre se intensificaron los contactos -ha habido media docena de encuentros con los primeros espadas del sector- y, aunque hubo un parón en torno a las elecciones de Galicia y el País Vasco, el desenlace se sabía próximo. Las compañías, que financiaban el déficit generado, contaban a su favor con la Ley Eléctrica y con sentencias judiciales. Pero el impulso fue de Sebastián.