Los sindicatos "vigilarán" la legalidad de los ERE

La conselleira de Traballo, Beatriz Mato, recibió ayer más de un recado desde los sindicatos en la primera reunión formal con los secretarios generales de CC OO, UGT y CIG. "No toleraremos que se resten garantías a los trabajadores en la tramitación de los expedientes de regulación de empleo [ERE]". La declaración fue unánime en boca de los portavoces de las tres centrales en un momento en el que la Xunta, "debe mirar con lupa", las justificaciones que llevan a las empresas a regular sus plantillas. "Las declaraciones de la conselleira [realizadas este martes] sobre que agilizará su tramitación pueden interpretarse desde la patronal como una vía libre al despido, y de ninguna manera va a ser así", argumentaron. Mato "tomó nota" y recordó que en los tres primeros meses del año se han registrado 292 ERE que afectan a 7.000 trabajadores. Desde UGT añadieron que la Xunta "debe poner en marcha cuanto antes" la orden para que los trabajadores afectados cobren, "como mínimo", el 90% del salario, de modo que la Administración se comprometa a aportar el 13% y las empresas, el 7% que completen el 70% del sueldo que inicialmente recibe un trabajador afectado por un ERE.

Sin prestaciones

La segunda reclamación en la que más insistieron las centrales tiene que ver con la sangría en el mercado laboral: "En este momento unas 38.500 familias tienen a todos sus miembros en el paro sin cobrar ni un euro de prestaciones. La Xunta tiene que garantizar la protección de esas personas". Desde CC OO, Xosé Manuel Sánchez Aguión reclamó extender el Risga (Renta de Integración Social) a este colectivo. Suso Seixo, de CIG, fue por el mismo camino alertando de que, de lo contrario, "muchas personas podrían encontrarse en situación de exclusión social". Para José Antonio Gómez, secretario de UGT, este subsidio debe vincularse a "un itinerario personalizado de formación para cada trabajador". Sánchez Aguión también recordó a la conselleira que la financiación debe llegar a las empresas, porque de lo contrario podrían verse obligadas a rescindir contratos.

Mato apostó por activar "lo antes posible" medidas para crear empleo y mostró su intención de que "las decisiones de la Xunta sean consensuadas" y cuenten con las demandas sindicales. Por eso pidió "lealtad mutua" y aseguró que no ocultará "ningún dato por malo que sea".