Secreto encubridor

La primera decisión del Tribunal Superior de Valencia, tras asumir la competencia en la parte del caso Gürtel que le remitió el juez Garzón -dádivas en forma de trajes al presidente Camps, al secretario del PP valenciano Ricardo Costa y a otros dos ex altos cargos de la Generalitat-, no ha sido investigar el presunto delito de cohecho, sino el origen de las informaciones que lo han puesto al descubierto.

El juez instructor designado por el tribunal valenciano quiere saber cómo este periódico ha podido conocer unas conversaciones telefónicas que figuran en el sumario y que ponen en evidencia la estrecha relación de amistad y confianza entre Camps y Álvaro Pérez, El Bigotes, cabeza visible en Valencia de la trama de corrupción organizada por Francisco Correa.

Esas conversaciones deberán ser investigadas por el Tribunal Superior de Valencia y, posiblemente, también por el de Madrid en lo relativo a El Bigotes, pero el juez instructor valenciano da por sentado de entrada que la supuesta filtración se ha producido en el tribunal madrileño, eludiendo o ignorando que este último levantó el secreto que pesaba sobre las actuaciones sumariales el 3 de abril. Es posible, pues, que no haya habido violación del secreto sumarial respecto a conversaciones que, al margen de su posible dimensión penal, tienen el efecto de mostrar el grado de familiaridad existente entre quien preside la Generalitat valenciana y uno de los jefes de la trama investigada, que obtuvo más de cinco millones de euros en contratos públicos y organización de eventos del PP valenciano.

El Tribunal Superior de Valencia, presidido por un magistrado a quien Camps considera "más que un amigo", parece sintonizar con la única y máxima preocupación del PP en el caso Gürtel: impedir que lo investigado salga a la luz o, si sale, diluir las responsabilidades en un océano de sospechas sobre el origen de las informaciones, en una actitud que revela una voluntad de encubrir o relativizar los hechos. Dilucidar la eventual trascendencia penal de las conversaciones grabadas corresponde a los tribunales, pero no calibrar su trascendencia política, que es innegable. El secreto del sumario afecta a las partes que intervienen en el proceso pero, según reiterada doctrina del Constitucional, no a los periodistas. Si éstos conocen por medios lícitos conversaciones tan reveladoras como las de Camps y El Bigotes, ¿deberían ocultarla a la opinión pública? ¿O no tienen acaso el deber de publicarlas?