Transfuguismo y movilidad política

El inesperado fichaje de Rosa Aguilar como consejera de Obras Públicas de la Junta de Andalucía realizado por su nuevo presidente, José Antonio Griñán, ha desconcertado a propios y extraños. Alcaldesa de Córdoba desde las elecciones municipales de 1999, la trayectoria política de Rosa Aguilar se había desarrollado hasta ahora en el doble marco del Partido Comunista (PCE) y de Izquierda Unida (IU) bajo el inicial patrocinio de Julio Anguita; concejal del Ayuntamiento cordobés primero, miembro del Parlamento andaluz después y diputada más tarde del Congreso, su nombre fue barajado como eventual coordinadora general y cabeza de lista de IU para las próximas elecciones generales.

La reacción de los ex camaradas de Rosa Aguilar ante su decisión ha sido particularmente áspera y desabrida, tal vez por el considerable prestigio del que gozaba como dirigente entre los militantes y como alcaldesa entre los ciudadanos. La sacralización de la ortodoxia en el seno de los partidos comunistas se ha venido secularizando desde mediados del pasado siglo; todavía queda, sin embargo, un trasfondo de intolerancia religiosa que suele manifestarse en las críticas lanzadas contra los disidentes, acusados siempre de motivaciones innobles -oportunismo, ambición, deslealtad, corrupción- cuando se van de casa. Aunque la clásica distinción entre herejes y renegados utilizada por Isaac Deutscher para clasificar a quienes abandonaban la III Internacional pertenezca ya a un lejano pasado, todavía los dirigentes del PCE y de IU que renuncian al carné deben soportar -como le sucede ahora a Rosa Aguilar- insultos groseros y retorcidos juicios de intención.

La decisión de Rosa Aguilar responde a su desacuerdo con la evolución de IU

Entre esas acusaciones suele ocupar un lugar preferente la imputación de transfuguismo, totalmente inadecuada para el caso de la ex alcaldesa de Córdoba. Tránsfugas son los cargos electos -concejales, diputados autonómicos y representantes de las Cortes Generales- elegidos en las listas cerradas y bloqueadas de un partido que rompen la disciplina de su formación política (financiadora de la campaña y avalista de la idoneidad de los candidatos) y se pasan a otras siglas -por lo general antagónicas- con el escaño bajo el brazo gracias al precepto constitucional que prohíbe el mandato imperativo. La sombra de la corrupción cubre demasiadas veces -en las Administraciones local y autonómica- los cambios de camiseta de unos jugadores que arramblan de su antiguo vestuario hasta el linimento y las tiritas. La sospechosa deserción -nada más celebrarse las elecciones municipales de 2003- de los diputados autonómicos socialistas Tamayo y Sáez, que le abrió a Esperanza Aguirre las puertas de la Presidencia de Madrid, vale más que mil palabras.

Es una infamia confundir el transfuguismo venal con la movilidad política entre partidos impulsada por motivos ideológicos, sobre todo si las estaciones de partida y de destino de ese viaje pertenecen a la misma red: los socialistas e IU gobiernan juntos en muchos ayuntamientos. Rosa Aguilar no se ha llevado consigo la alcaldía de Córdoba, obtenida en 2007 como militante de IU con el apoyo del PSOE; por el contrario, ha renunciado a una posición político-administrativa municipal más importante en términos comparativos que una consejería de rango autonómico. Las razones de esa decisión son los desacuerdos ideológicos con la evolución del PCE y de IU durante los últimos años. No es la primera vez que un veterano militante -sean cuales sean sus creencias- se desencanta ante los virajes de su partido; un viejo carlista expresó a sus correligionarios en los años setenta ese desconcierto ante los nuevos tiempos con una frase memorable: "Yo ya no sé si soy uno de los nuestros".

La vocación política puede terminar siendo una profesión especializada, dedicada -dentro de la división social del trabajo- a cubrir puestos retribuidos en los aparatos de los partidos y a desempeñar cargos remunerados representativos o de libre designación dentro de la Administración central, autonómica y municipal. Además de una eficaz burocracia pública, el sistema democrático necesita partidos capaces de cumplir las tareas fijadas por el artículo 6 de la Constitución: es obvio que los partidos no podrían realizar esas funciones sin afiliados que las llevaran a cabo profesionalmente.