El alcalde de Marín carga contra Caride por los deslindes

El alcalde de Marín, el socialista Francisco Veiga, vive desde el pasado viernes en la "indignación superlativa". El portazo recibido desde su propio partido en Madrid ha deslizado al aire "un engaño" para el que todavía no encuentra explicación. Y la primera persona en su lista es la ex conselleira de Política Territorial, María José Caride, con quien es más que probable que coincida durante el congreso que los socialistas clausuran hoy en Pontevedra. "Me gustaría encontrármela", asegura el regidor, porque "aquí alguien nos ha mentido". Y es que la decisión del Gobierno que preside Zapatero de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Lei de Vivenda por un apartado referente a los deslindes de litoral vuelve a dejar en el limbo administrativo a los titulares de casi 400 casas asentadas en la costa.

Los titulares de 400 casas en la costa siguen en el limbo administrativo

La norma, aprobada por el bipartito, contemplaba la posibilidad de otorgar a ese suelo la característica de urbano para que los residentes pudieran afrontar las mejores pendientes en los últimos 30 años y solucionar los "graves" problemas de habitabilidad. El problema parte de un error administrativo en las normas subsidiarias aprobadas por la corporación de 1977 -aún en vigor- que no llegaron a delimitar cinco núcleos poblacionales. Lapsus que arrastran desde entonces los titulares, que ven truncada una nueva promesa por la descoordinación entre la administración autonómica y central. Y es que la Dirección Xeral de Urbanismo inicia un trabajo que "realiza en común con Costas", apunta Veiga. Pero cuando la ley se publica, el Ejecutivo de Zapatero echa el freno y asegura, además, que en ningún momento se le ha informado de ese proceso. Desde la impotencia, Veiga dice que no entiende "esa forma de hacer política". "No sólo se ha engañado al alcalde de Marín", dice, "sino a toda Galicia". El regidor aún recuerda cuando Caride, en precampaña, acudió a la villa para asegurar que no se iba a recurrir la norma. Una semana después del fiasco, nadie de la anterior administración se había puesto en contacto con él para resolver el embrollo.

Aquel error registrado en 1977 ha supuesto no sólo un deterioro notable en la habitabilidad de las casas sin autorización para llevar a cabo obras de mejora sino también la imposición de sanciones económicas a sus propietarios desde 2003 hasta la llegada del bipartito a la Xunta. Un problema que cobra ya una dimensión "social" en la que la corporación y los vecinos unen sus fuerzas hasta poner en jaque la asistencia de Veiga al congreso socialista, solventada a última hora por una entrevista con Martín Fragueiro, comprometido a revisar el asunto.

La paradoja de este caso se plasma en Mogor, donde el Estado construyó una barriada popular que ahora no reconoce y que ocuparon gentes vinculadas a la pesca en los años 50. A este núcleo se suman Loira, Aguete, A Teoira y Casás. Todas estas poblaciones pesqueras quedaron fuera de las normas subsidiarias. No existían para Costas cuando se elaboró la ley de 1988 pese a que algunas casas son centenarias y en esas fechas "disponían de servicios básicos".

Pocos días antes de que el Gobierno anunciase el recurso, a Veiga le había llegado "el rumor". La "indignación" se desbordó cuando el temor se hizo realidad y el regidor tuvo que enfrentarse a los vecinos para decirles que guardasen las botellas de champán. Después de 30 años de lucha, la ley que entraría en vigor el 20 de abril y les permitiría reformar sus casas se esfumaba.