El BNG exige la retirada de los tanques ilegales de Arousa
El primer teniente de alcalde de Vilagarcía, el nacionalista Xosé Castro Ratón, dijo ayer que la ría de Arousa "no puede seguir viviendo bajo la amenaza de una instalación que representa un peligro cierto para nuestro futuro y un fraude de ley", ahora que el Supremo ha elevado a firme la sentencia que declaró ilegales los permisos que concedió la Xunta para almacenaje de hidrocarburos y metano en los depósitos de Ferrazo.
Un fallo que da respuesta a uno de los tres frentes judiciales abiertos por la Plataforma en Defensa de la Ría y que permitió a las empresas concesionarias de los tanques, Finsa y Foresa, ampliar las toneladas de almacenaje para la venta a terceros, sin los preceptivos informes de impacto medioambiental.
Como representante del BNG y parte activa de la plataforma, Castro Ratón insta a la Xunta del PP a buscar una solución "al problema que ellos mismos crearon, porque ahora que la Justicia ha considerado que incumplen la normativa medioambiental, no cabe otra salida que desmantelar los depósitos".
Otros dos frentes
"La rueda de los ciclos políticos hace que sea el PP, responsable de la autorización administrativa otorgada por la Consellería de Industria, el que tenga, nuevamente, la responsabilidad de buscar una salida rápida", insistió el concejal. El fallo ha cogido por sorpresa a los responsables políticos en Arousa y a la propia Plataforma en Defensa de la Ría, que han evitado hacer valoraciones a la sentencia del alto tribunal que confirma la ilegalidad de las autorizaciones autonómicas.
Los que en su día defendieron el proyecto aseguran que no se puede hablar de "ilegalidad ni desmantelamiento de los depósitos" porque los tribunales no han resuelto todavía los contenciosos contra las licencias tanto municipales como de actividad. Permisos, afirman, que en su momento recibieron todos los parabienes de la Xunta y del Estado, cuando aún no había entrado en vigor la normativa europea que exigía el estudio de impacto ambiental. El Supremo se ha pronunciado ahora sobre una demanda que es posterior a ambos procesos, que se remontan a 1998.
El BNG trató de buscar una salida como socio del bipartito autonómico, cuando se conoció el fallo en primera instancia. Entonces se barajó la posibilidad de cambiar el tráfico de hidrocarburos por el biodiesel.
