Ni un euro adicional para que la Universidad se adapte a Bolonia

No habrá fondos adicionales para adaptar el sistema universitario valenciano al Espacio Europeo de Educación Superior. Al menos no saldrán de la Generalitat. Los rectores de las universidades públicas y la junta de profesores de la Universitat de València han declarado que resultará imposible reorganizar las carreras, introducir modelos de innovación docente y ofrecer formación de calidad si la reforma se realiza a coste cero. Ese es también uno de los argumentos principales del movimiento anti-Bolonia: si el cambio se hace sin poner más dinero, saldrá mal, y para eso mejor dejar las cosas estar.

La Consejería de Educación se escuda en la crisis económica. "Estamos en un momento muy malo", dice María Amparo Camarero, secretaria autonómica de Universidades, y asegura que el Consell cumplirá, en cambio, con lo que figura en los presupuestos (815 millones de euros) que los centros están recibiendo por mensualidades.

La Generalitat no destinará dinero a una reforma en la que, por otra parte, se ha implicado muy poco. No se recuerda ninguna decisión al respecto en la etapa de Justo Nieto, ni en la primera de Font de Mora, cuando Emilio Barberá estaba a cargo del área de universidades como secretario autonómico. Ni siquiera durante la revuelta protagonizada por los estudiantes contrarios al espacio europeo se ha escuchado del Consell una palabra en defensa del proceso o del sistema universitario público, más allá de algún consejo genérico del tipo estudien más y protesten menos, que Francisco Camps, presidente de la Generalitat, dirigió a los alumnos en Alicante. En el fondo, y aunque no lo reconocerán en público, los problemas de los rectores (y en especial los problemas del rector de la Universitat de València) con los anti-Bolonia fueron más festejados que otra cosa desde el Consell. Por varias razones, entre ellas que desviaba el foco de responsabilidad hacia los gobiernos universitarios y hacia el Ejecutivo.

Aunque con sigilo, la actividad se ha incrementado desde la llegada, en mayo de Camarero, profesora de la Universitat Jaume I de Castellón, a la secretaría autonómica. A finales de 2008 el departamento publicó una orden en la que fijaba el mínimo de alumnos (50) que las carreras debían reunir en primer curso. ¿Y si no los alcanzan? "En ese caso deberán justificar su mantenimiento", responde Camarero. "Si, por poner un caso, en todas las universidades valencianas sólo hubiera una carrera de Física y matriculara a menos de 50 alumnos, lo normal sería mantenerla, porque la Comunidad Valenciana no puede dejar de tener una carrera como Física".

Educación baraja otras posibilidades para salvar carreras con poca demanda. Una será la de títulos compartidos. No se tratará, como se ha planteado en otras comunidades autónomas, de que dos o más universidades impartan juntas la misma carrera (o que se deje sólo en una de ellas), sino, prácticamente, de unificar los primeros cursos de carreras distintas, dejando tercero o cuarto (los grados tendrán todos cuatro años, salvo unas pocas excepciones) para la especialización. Podrían funcionar al principio como una sola carrera, por ejemplo, el grado de Administración y Dirección de Empresas, y el grado de Finanzas y Contabilidad. O los grados de Matemáticas y Estadística podrían compartir bastantes asignaturas, afirma Camarero.

La secretaria autonómica explica la inacción en que ha estado instalada la Generalitat indicando que al Gobierno autonómico le corresponde el tramo final del proceso. El Ejecutivo elaboró la ley; la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) debe informar sobre las solicitudes de carreras que presentan las universidades; el Consejo de Universidades aprueba los títulos, y a las comunidades autónomas corresponde autorizar su implantación.