La demanda de servicios sociales desborda a los ayuntamientos vascos

Los ayuntamientos son la institución que más pegada tiene la oreja a la calle, la primera en enterarse cuando las cosas se tuercen en los estratos más frágiles de la sociedad. Y lo que oyen últimamente con la crisis no pinta nada bien. Las demandas de prestaciones sociales se han disparado de forma generalizada en los consistorios de Euskadi, que además ven cómo las partidas asignadas por el Gobierno vasco se quedan cortas para asistir a la creciente masa de desempleados que van agotando sus prestaciones. "Hay ayuntamientos que en lo que va de año ya han agotado los fondos asignados para las ayudas de emergencia de todo el ejercicio", advierte el presidente de la Asociación de Municipios Vascos, Jokin Bildarratz, que recuerda que no es sostenible que los consistorios asuman la diferencia. La entidad que representa a los 251 municipios vascos solicitará al Gobierno vasco, en el marco del Plan interinstitucional contra la crisis, que se aporte alguna solución. "Está claro que con las cantidades presupuestadas no vamos a llegar", añade el también alcalde de Tolosa (PNV).

"Está claro que con las cantidades presupuestadas no vamos a llegar"

En Bilbao, la puerta de entrada al sistema de asistencia social municipal no da abasto. Tienen casi 6.000 citas pendientes y la cola va en aumento. La situación está llegando hasta tales extremos que el consistorio está recurriendo a reuniones colectivas para explicar el trámite a varios solicitantes al mismo tiempo. El número de primeras solicitudes ha aumentado un 20%: ya suponen un 45% de las citas en total, por lo que la espera está entre uno y tres meses, según explica el director del área de Acción Social, Juan Félix Madariaga. "Está viniendo mucha gente que lleva seis u ocho meses cobrando el paro y se está quedando sin prestación, o autónomos con pequeños negocios que se encuentran parados y no tiene prestación". Madariaga defiende que aumentar las plantillas no basta, que hacen falta soluciones creativas. Por ello, el distrito de Rekalde ha iniciado un programa piloto que, después de una breve primera entrevista individual, incluye explicaciones en grupo de los detalles del proceso para solicitar prestaciones como la renta básica, la ayuda de emergencia social, el complemento de pensión o las ayudas contempladas en la Ley de Dependencia. El modelo ha sido criticado por los trabajadores del área de Acción Social debido a que, según afirman, "deteriora la atención a los usuarios" y va "en contra de la propia esencia del trabajo social", que debería tender al trato individualizado de cada problema. Madariaga responde: "Con poner 20 trabajadores sociales más no resuelves el problema, además del problema añadido que supone encontrar un espacio físico para que atiendan a la gente. Hacen falta ideas nuevas. ¿Por qué no plantear abrir por las tardes? Los sindicatos no están demasiado por la labor".

Vitoria, por su parte, va a incrementar su plantilla de atención en 13 profesionales. "Hemos decidido financiarlo con las arcas municipales después de solicitarlo en varias ocasiones al Gobierno vasco", señala una portavoz del consistorio alavés. En el mes de diciembre, el número de solicitantes de ayudas de emergencia superó en 458 personas la media del resto del año. Más del 40% de la cantidad fue asumida por el consistorio.

En San Sebastián, el desfase entre lo asignado por el Ejecutivo y las ayudas distribuidas el pasado año ascendió a 1,8 millones. "Habrá que sumar otros 620.000 más este año para ir anticipando lo que venga. Nos preocupa más 2010 que 2009", explica Susana García Chueca, concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento donostiarra, que matiza que gran parte del incremento en las solicitudes de prestaciones en el caso de su ciudad son atribuibles más bien a la aprobación de la Ley de Complemento de Pensiones. Afirma que Sebastián tiene un ratio adecuado de trabajadores sociales por habitante, por lo que pueden asumir, de momento, el aumento de la demanda.