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Absuelto el ex consejero Farreras de encargar informes inútiles y copiados

Cuatro años y medio de cárcel para un secretario general de la época de CiU

Cara y cruz. La Audiencia de Barcelona absolvió ayer al consejero de Trabajo de la época de CiU Ignasi Farreras de prevaricación y malversación de fondos públicos, y condenó por los mismos delitos a cuatro años y medio de cárcel y seis de inhabilitación a Josep Maria Servitje, secretario general del departamento en aquella época.

Los hechos datan de 1994 y 1995, cuando Trabajo encargó ocho estudios de derecho laboral que, según el tribunal, no tuvieron ninguna utilidad "ni ningún interés". Se trataba de "meras copias de publicaciones de años anteriores existentes en el mercado y en las bibliotecas", que no tenían autor ni bibliografía, y en los que en algún caso se citaba una normativa laboral derogada o incorrecta.

Farreras fue inducido a firmar cinco "resoluciones prevaricadoras"

La Generalitat pagó 46.158 euros por los trabajos a las empresas Gestumer, SL, y Socesca, SL, administradas por Víctor Manuel Lorenzo Acuña, a quien los jueces imponen dos años y tres meses de cárcel y cuatro de inhabilitación. El tribunal de la Sección Décima considera que fue el secretario general de Trabajo quien se puso de acuerdo con Acuña para realizar las adjudicaciones y para que éste "pudiera disponer del dinero obtenido en beneficio propio y/o de terceros cuya identidad no ha quedado revelada".

La sentencia explica que la relación personal entre Servitje y Lorenzo Acuña "tiene su explicación por la común militancia" en Unió Democràtica de Catalunya". Servitje fue miembro del comité de gobierno y consejero nacional del partido en 1994. Acuña fue el secretario general, tesorero y apoderado de la Fundación Fecea, que también se benefició en su día de "subvenciones de elevada cuantía", dicen los jueces, concedidas durante la época en la que Farreras fue consejero, entre 1988 y 1999.

El tribunal expone que fue Farreras quien dictó las cinco "resoluciones prevaricadoras" por las que se encargaron los estudios y que, por ello, "puede parecer extraño" que no se le condene. Los jueces añaden que si se absuelve al ex consejero es porque no existe prueba, ni directa ni indiciaria, de que "tuviera perfecto conocimiento de la injusticia y la arbitrariedad de las resoluciones". Fue Servitje, su secretario general, "quien indujo al acusado Ignasi Farreras a dictar las cinco resoluciones prevaricadoras", quien decidió la contratación de los informes, quien informó de las propuestas al consejero y quien se las presentó para que las firmara. En la sentencia se añade que no se ha probado que Farreras "tuviera intervención directa, ni tenía obligación de tenerla, en ninguno de los expedientes". También se señala que el consejero ni leyó los estudios ni tenía obligación de hacerlo "porque no era a él a quien competía el control de la bondad de la contratación de dichos estudios".

CiU emitió ayer un comunicado en el que se felicita por la absolución de Farreras, se muestra convencida de que el Tribunal Supremo hará lo mismo con Servitje y anuncia que acudirá a los tribunales y a la fiscalía para que se investiguen los informes del tripartito. Por su parte, el secretario de Organización del PSC, José Zaragoza, aseguró que la sentencia confirma que el Gobierno de CiU nombró a un alto cargo corrupto y exigió a Artur Mas que pida disculpas por ello. La defensa de Servitje calificó la sentencia de "salomónica", porque "lo que vale para Farreras también debería valer para él".

ICV, que ejerció la acusación popular en el caso, entiende que la resolución demuestra que hubo "corrupción y fraude". El abogado Xavier Rotllan, expulsado de Unió y que también ejerció la acusación pública, calificó la absolución de Farreras de "desproporcionada", por considerar que "tenía el deber de vigilancia".

Otros casos que salpican a Unió

En el comunicado emitido por CiU se asegura que de la sentencia dictada ayer se desprende que Unió Democràtica "no ha sido parte en este proceso y tampoco ha sido condenada por ninguna causa ni motivo y todavía menos es autora de ninguna financiación irregular del partido". El latinajo de excusatio non petita, accusatio manifesta parece venir como anillo al dedo, pues lo que dice el tribunal es que no se ha podido probar adónde fue el dinero malversado.

En los tribunales de justicia existen otras dos causas en las que el partido democristiano sí aparece implicado. Una de ellas ya tiene sentencia firme y condenó a 10 personas a sendas penas de un año y un mes y medio de cárcel por la malversación en el Consorcio de Turismo de Cataluña cuando lo dirigía Joan Cogul, que se suicidó en Filipinas en diciembre de 2003. Nueve de aquellos condenados militaban en UDC.

En aquella sentencia se decía que había "bastantes indicios" de que el casi millón de euros malversado sirvió para financiar a Unió. Los abogados del partido se batieron el cobre por intentar lavar la imagen del partido en este caso, pero ni el Tribunal Supremo ni el Constitucional se lo permitieron. Víctor Manuel Lorenzo Acuña, condenado ayer, ya lo fue también en aquel caso.

En el Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona también está pendiente de concluir el llamado caso Pallerols. Según varias resoluciones judiciales, el 10% del dinero que recibieron las academias del empresario andorrano Fidel Pallarols también sirvió para financiar a Unió. El fiscal Fernando Rodríguez Rey empezará a estudiar dentro de unas semanas el sumario para presentar el escrito de acusación, de manera que el juicio se podría celebrar el próximo año en la Audiencia de Barcelona.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 17 de abril de 2009

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