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La Sexta solicita al Gobierno emitir en TDT de pago pese a no ser legal

El Consejo de Ministros no ha autorizado el nuevo sistema

La Sexta presentó ayer ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, dependiente del Ministerio de Industria, un dossier de 400 folios en el que soli-cita autorización para emitir en televisión digital terrestre (TDT) de pago. La cadena presentó la documentación en el departamento que dirige Miguel Sebastián antes de que el Consejo de Ministros haya dado luz verde a la TDT de pago. La licencia de televisión privada adjudicada a La Sexta por el Gobierno sólo contemplaba la "programación en abierto", según el pliego de condiciones del concurso publicado en el BOE el 30 de julio de 2005.

Pese a que la iniciativa no tiene cobertura legal alguna, Industria abrió oficialmente el pasado día 8 el plazo para que los operadores privados puedan solicitar autorización para prestar el servicio de TDT de pago. Pocas horas después de este anuncio, especificaba en una nota aclaratoria que la autorización para prestar el servicio de TDT de pago requerirá "un informe previo preceptivo del Consejo de Estado y su posterior aprobación por el Consejo de Ministros". Y remarcaba que el Gobierno no ha autorizado la TDT de pago, "ya que la puesta en marcha de ésta y sus condiciones, requieren asimismo, y en todo caso, de un acuerdo del Consejo de Ministros".

La cadena quiere comenzar la programación antes del verano

En su exposición, La Sexta argumenta "razones de interés público" para justificar la autorización de la TDT de pago y anuncia que su intención es ofrecer en este sistema un canal deportivo (Gol TV) que ocuparía la frecuencia de Hogar 10. Su plan es que esté "a pleno rendimiento" con el inicio de la temporada 2009-2010.

Apadrinado por Mediapro (que forma parte del grupo de productoras que participa en el accionariado de La Sexta), el canal Gol TV emite desde hace meses sin que haya despertado el interés de las grandes operadoras de cable (Imagenio u Ono) para incorporarlo a su oferta.

A partir de ahora se inicia una tramitación que, según la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, no tiene plazos concretos. Un portavoz de este departamento afirmó que el procedimiento a seguir contempla cuatro fases: estudiar la petición, ver si se inicia el expediente para elaborar una propuesta de modificación de los términos de la concesión, elevarla al Consejo de Estado y, finalmente, remitirla al Consejo de Ministros. La Sexta aspira que todo este proceso se produzca en un par de meses. "La idea es poder comenzar a emitir antes del verano", según la cadena.

Otro de los aspectos que no está resuelto es el de los descodificadores. Industria planteó la semana pasada que estos aparatos -necesarios para acceder de la TDT de pago- sean "compatibles con los distintos mecanismos de cifrado" para facilitar que los ciudadanos puedan recibir todos los canales de pago mediante un único descodificador. También impuso otra obligación: que estén dotados de un sistema técnico que permita el control de los contenidos protegidos.

La Sexta plantea un modelo de descodificadores "abiertos, universales y con capacidades interactivas". Industria afirma que "no se puede obligar a que haya un estándar único; sólo a que sea compatible", de manera que los descodificacores incorporen "un software que lea todas las tarjetas". El ministerio confía en que los fabricantes se pondrán "en marcha" para colocar estos sintonizadores en el mercado, un proceso que llevará meses.

La Asociación Española de Empresas de Electrónica y Comunicaciones (Asimelec) se quejó esta semana de que la industria no ha sido consultada y recordó que del parque de sintonizadores vendidos en España (alrededor de 17 millones, entre descodificadores y equipos integrados en el televisor), "casi ninguno sirve para la TDT de pago".

El Supremo avaló el cambio de Canal +

En su argumentario para solicitar las emisiones de TDT de pago, La Sexta defiende que esta modalidad de televisión contribuirá a que los operadores puedan disponer de una fuente de financiación alternativa a la publicidad, "contribuyendo de esta manera a las emisiones en abierto". Al explicar el procedimiento seguido para obtener autorización para la puesta en marcha de un canal de pago afirma que ha utilizado "el mismo cauce que empleó Sogecable (del Grupo PRISA, editor de EL PAÍS) para cambiar su emisión de Canal + por la de Cuatro, que en su momento fue apoyado tanto por el Consejo de Estado, como por el Gobierno y fue avalado por el Tribunal Supremo".

En realidad, el Supremo dio el visto bueno a un cambio en las condiciones de la concesión que es justo el contrario al que ahora propone La Sexta. Sogecable solicitaba que se le permitiera emitir en abierto las 24 horas del día, frente a las seis que venía ofreciendo Canal + desde su nacimiento. En una sentencia de abril de 2008, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo afirma que la apertura de un canal que antes emitía en codificado sólo para abonados supone "la extensión de un servicio público a más ciudadanos, con un consiguiente fomento de un mayor pluralismo" desde la perspectiva de "la libertad informativa, de la libre formación de la opinión pública y de la extensión de la cultura y el entretenimiento".

La Sexta plantea el camino inverso al que realizó Canal + al solicitar autorización para transformar un canal que ofrece una programación en abierto en uno codificado. Además, en el caso de Canal +, el cambio no alteraba "ningún elemento esencial" del contrato de adjudicación.

Las televisiones privadas agrupadas en Uteca, no obstante, se han mostrado a favor de la TDT de pago, pero discrepan en los plazos de aplicación. Algunas apostaban por incorporar esta tecnología coincidiendo con el apagón analógico (abril de 2010). Otras, como Telecinco, proponían una moratoria de unos cinco años para que todos los operadores pudieran concurrir "en igualdad de condiciones" a la compra de derechos susceptibles de ser explotados en codificado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 16 de abril de 2009

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