Garzón incorpora al 'caso Gürtel' informes de la Sindicatura

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha solicitado a Compromís -grupo parlamentario del que forman parte Iniciativa del Poble Valencià y Bloc- que le envíe los informes de la Sindicatura de Comptes en los que basa su denuncia al Consell por ocultar información sobre el destino de 900 millones en el presupuesto de 2008 y la sospecha de que tal ocultación podría ser un indicio de financiación ilegal del PP. Garzón incorporará estos informes a las diligencias del caso Gürtel al señalar Mònica Oltra, portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, la coincidencia entre algunas de las empresas adjudicatarias de contratos por parte de la Administración valenciana y las que investiga el magistrado como parte de la trama que salpica al PP.

Compromís envió un escrito al juez el 27 de febrero denunciando la opacidad de la Generalitat y "la utilización abusiva" de contratos que escapan al control de la oposición.

"¿En qué se han gastado la partida de gastos diversos para asistencias técnicas que se han disparado hasta 1.627 millones de euros en los tres últimos años?", preguntó Oltra el 2 de marzo al Consell nada más estallar el caso Gürtel. La respuesta fue, una vez más, la utilización de la Sindicatura de Comptes como escudo defensivo de la legalidad administrativa.

Garzón contestó el 25 de marzo, cuando aún no se había inhibido del caso, y la respuesta llegó ayer al grupo parlamentario que lidera Oltra. La portavoz aseguró que esta petición, unida a la demanda de la fiscalía de que Camps y Costa sean interrogados por los trajes, supone que el juzgado "avanza en investigar" sus sospechas respecto a que "tanto Camps como Costa pueden estar implicados en una trama de financiación irregular".

Pasa a la página 3En su escrito a Garzón, Compromís se queja de que el Consell no ha respondido, a pesar de las numerosas preguntas parlamentarias, sobre quién, cómo y en concepto de qué se han gastado 900 millones de euros en 2008. El grupo alude a la práctica extendida en la Administración del Consell de realizar numerosos contratos menores, cuyo límite en la legislación valenciana es de 30.050 euros para los contratos de obras y de 12.020 euros para los de suministros, servicios y otros. Este sistema exige de un control parlamentario exhaustivo para constatar el destino y uso de estos fondos, sostiene Compromís.

Las preguntas remitidas por Mònica Oltra al Consell se cuentan por decenas y van dirigidas a las distintas consejerías del Gobierno valenciano. En todas ellas se reclama información sobre la aplicación económica 226 (gastos diversos) y la 227 (trabajos realizados por otras empresas y profesionales) para conocer el destino dado por los distintos departamentos de la Generalitat a las partidas dirigidas a asistencias técnicas. Y en todos los casos, las solicitudes de información chocan una y otra vez con un muro infranqueable: la negativa del Consell a ofrecer información.

La falta de transparencia se ha convertido en una constante del Gobierno de Francisco Camps en su relación con los grupos de la oposición. El férreo apagón informativo al que el Consell somete a la oposición se ha convertido en su principal instrumento para impedir cualquier intento de control parlamentario.

No sucede lo mismo en otras autonomías, como Cataluña. Hace un año, el portavoz popular en el Parlament, Daniel Sirera, reclamó al Govern que preside el socialista José Montilla "los estudios, trabajos técnicos, documentos e informes encargados a personas ajenas a la Administración en 2007". En su contestación, el Ejecutivo catalán ofreció la información que se le reclamaba, lo que dio pie a un escándalo, porque la contestación desveló que más de un millar de informes fueron adjudicados a personas afines al tripartito que gobierna en Cataluña.

La misma pregunta que hizo Sirera la formuló hace unos meses el diputado socialista José Camarasa en el hemiciclo valenciano, pero con un resultado bien distinto. Tras una solicitud de prórroga, el Consell respondió que todos estos informes y documentos han sido objeto de fiscalización por parte de la Sindicatura de Comptes, que actúa por delegación de las Cortes, y dicha fiscalización ha sido rendida ante la Cámara a través de un informe. "Como bien sabe su señoría corresponde a la Sindicatura de Cuentas, por delegación de las Cortes", repite machaconamente el Consell en sus respuestas. De poco ha servido que informes del órgano fiscalizador aludan -tras una fiscalización aleatoria de estos contratos- a la falta de rectitud de algunos de ellos, recordó ayer Oltra.

Compromís insiste por último en su escrito a Garzón de finales de febrero en la coincidencia entre algunas empresas adjudicatarias de este tipo de contratos con las investigadas por la Audiencia Nacional y que también han trabajado habitualmente con el PP de la Comunidad Valenciana. La formación enviará en los próximos días los informes de la Sindicatura desde el año 2003, avanzó Oltra.

La petición de Garzón llega un día después del informe de la Fiscalía Anticorrupción, que ha pedido al Tribunal Superior de Justicia valenciano que interrogue al presidente Camps y a su número dos en el partido, Ricardo Costa, a cuenta de los trajes regalados por la red corrupta. Costa, que acompañó ayer portavoz del Grupo Popular Europeo y candidato del PP a las elecciones europeas, Jaime Mayor Oreja, en su visita a Valencia, dijo que tanto él como Camps están a disposición de los tribunales y que esperan que el caso se resuelva cuanto antes. "Las acusaciones que se vierten son absolutamente falsas e infundadas", subrayó el dirigente popular. Camps, que acompañó más tarde al cabeza de lista a las europeas del PP, no hizo declaraciones.

Mayor Oreja pidió que no se realicen juicios paralelos a los del sistema judicial. "Tengamos confianza en la Justicia para aceptar con normalidad las decisiones que adopte", dijo.

Para el delegado del Gobierno, que también habló ayer del caso, parece claro que el presidente Camps no pagó los trajes que supuestamente recibió de Orange Market, pues "todavía no ha presentado las facturas que acreditan su compra".