La República y la etnia

La decisión de elaborar un censo étnico adoptada por el presidente Sarkozy ha desencadenado una intensa polémica en Francia, de inmediato extendida a otros países europeos. Francia representa el modelo republicano para gestionar las diferencias de origen, credo o raza, opuesto al anglosajón. Donde éste establecía políticas dirigidas expresamente a minimizar el efecto de las diferencias entre los individuos y, por tanto, precisaba de un reconocimiento legal previo de su existencia, el modelo republicano optaba por reforzar categorías abstractas que, como la de ciudadanía, buscaban, precisamente, convertir en irrelevantes las disparidades de origen, credo o raza. Con el censo étnico promovido desde el Estado, el modelo republicano francés adopta un instrumento propio del anglosajón.

No son las intenciones del Gobierno francés lo que merece discusión, puesto que no cabe duda de que busca combatir la exclusión y la xenofobia como dos caras de una misma moneda, sino la compatibilidad del instrumento que ha escogido con el modelo republicano. Los partidarios del censo alegan que es una herramienta imprescindible para conocer una realidad en la que la diversidad étnica de los individuos -sea lo que sea, por lo demás, una etnia-, está asociada a las disparidades de renta o a las dificultades para acceder al empleo. El modelo republicano no niega que esto sea así, pero entendía que las instituciones debían combatir estos problemas a través de políticas sociales y leyes contra la discriminación, no mediante iniciativas que, por colocar en primer plano las diferencias de origen, raza o credo, acaban por fuerza aproximándose a una ingeniería social orientada a disolver las minorías en la mayoría, también ésta obligada a definirse en términos étnicos.

El Gobierno francés ha anunciado que el censo étnico se realizará a través de encuestas de carácter voluntario. En realidad, no podría llevar a cabo esta iniciativa mediante ningún otro mecanismo, puesto que chocaría de inmediato con el mandato republicano de la igualdad ante la ley. Pero, por esta misma razón, el Gobierno francés también tendrá dificultades para elaborar políticas de calado que tomen como punto de partida el resultado de las encuestas. Una vez más, los partidarios del censo étnico han señalado que es preferible que el Estado conozca la realidad a que no la conozca. Pero el problema, entonces, tiene que ver con la relación entre costes y beneficios. El beneficio consistiría en que el Estado obtendría una información sobre la que no puede operar. El coste, en cambio, sería el de haber creado un instrumento que en el mejor de los casos es inutilizable y, en el peor, puede servir a la causa de la discriminación. Además de que contribuiría a normalizar el discurso etnicista en Europa y a transmitir la inquietante idea de que la acción de las instituciones debe ser juzgada por sus intenciones, no por los medios a los que recurren.