Burgos debe pagar cinco millones por incumplir una sentencia
El Ayuntamiento de Burgos debe pagar cinco millones de euros de indemnización por mantener abierta una gasolinera, pese a que el Tribunal Supremo ordenó su cierre al ratificar una sentencia de 1997 del Tribunal Superior de Castilla y León. El alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, dictó en 2006 un decreto de cierre que incumplió. Aparicio es presidente de la sociedad propietaria de la gasolinera, ahora arrendada a particulares.
La gasolinera opera sin licencias, está ubicada en un espacio de dominio público y no cumple la distancia mínima respecto a otra estación de servicio, a la que se ordena que se indemnice. Cada año que se demore el cierre la indemnización crece en 300.000 euros.
El Supremo, además, estudia solicitar un suplicatorio al Congreso para que Aparicio, que es aforado por su condición de diputado, responda ante la denuncia por prevaricación de la Asociación de Estaciones de Servicio de Burgos.
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