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Reportaje:

La caja de los truenos

El 'caso Gürtel' desata una guerra de denuncias entre populares y socialistas

Las comisiones de investigación raras veces son esclarecedoras y, si finalmente se crean por la presión de la opinión pública, se les suel dar carpetazo más pronto que tarde, sin dimisiones. Lo que sí dejan es una estela de duda y sospecha sobre la gestión del político o políticos implicados. Son muchos los precedentes, el más reciente la comisión express que se organizó en la Asamblea de Madrid por la presunta trama de espionaje en el gobierno que preside Esperanza Aguirre. Este órgano echó el cierre después de tan sólo tres sesiones en medio de las protestas de los grupos de la oposición, el PSOE e IU. Los supuestos casos de corrupción se acaban sustanciando, por tanto, en los juzgados.

La Operación Gürtel, impulsada a principios de febrero por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y que a estas alturas implica a altos cargos del PP valenciano, entre ellos al propio presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha abierto la caja de los truenos en el escenario político valenciano. Como no hay mejor defensa que un buen ataque, el PP reaccionó a la implicación de varios de sus altos cargos en la trama de corrupción supuestamente montada por Francisco Correa con la petición de comisiones de investigación en muchos ayuntamientos gobernados por los socialistas. Y no se detuvo ahí. Los populares han llevado desde entonces a los juzgados al alcalde de Elche, el socialista Alejandro Soler, por pagar con fondos públicos propaganda de su partido, o a la ex alcaldesa socialista de Dénia Paqui Viciano, con otras tres personas, por un supuesto delito de malversación de caudales públicos.

"Creen que si hay 20, 30 o 40 políticos de diferentes partidos imputados en la Comunidad Valenciana, los trajes de Camps y, en general el caso Gürtel, parecerá una tontería. Quieren que los ciudadanos piensen que todos somos igual y no es así", defiende el miembro de la ejecutiva nacional del PSPV-PSOE Josep Maria Àngel.La sensación en la calle de Blanquerías, sede de los socialistas valencianos, es que los populares buscan convertir las instituciones públicas en un barrizal para tapar el escándalo que afecta al presidente Camps. Ironizan además con las exigencias de transparencia de un partido que no practica lo que pide al resto en instituciones donde gobierna como la Generalitat o la Cortes Valencianas. El PP apela para pedir estas investigaciones a la transparencia exigible a toda institución pública y a la labor fiscalizadora de la oposición y recuerda que el PSPV fue el primero en inundar sus ayuntamientos con una pregunta sobre las vinculaciones de estos con las empresas de la trama corrupta.

Con la operación puesta al descubierto por Garzón (a principios de febrero), el secretario general del PP, Ricardo Costa, inició la ofensiva a finales de febrero anunciando que su partido había solicitado o pensaba solicitar la constitución de comisiones de investigación en las localidades de Alaquàs, Onda, Gandia y Morella, todas ellas gobernadas por el partido socialista. Según el PP, en todos esos ayuntamientos existían dudas suficientes en la gestión municipal para sustentar su petición. Costa hizo este anuncio después de que un periodista le preguntara por la posible creación de una comisión de investigación en Xilxes -en manos del PP- para esclarecer la aprobación de un PAI promovido, entre otros, por el empresario castellanoleonés José Luis Ulibarri, imputado en la trama investigada por el juez de la Audiencia Nacional. "Pedimos máxima transparencia. Ya que dicen que no tienen nada que esconder, que lo demuestren", dijo el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Xilxes, José Manuel Navarro. La comisión se abrió y se cerró sin novedades.

En Xàtiva, otro feudo electoral del PP, ha sucedido lo contrario. El alcalde y presidente provincial del PP, Alfonso Rus, y su equipo de gobierno rechazaron una comisión de investigación que aclare las contrataciones municipales directas a la empresa Sarri Hogar. Los socialistas sospechan que recibe trato de favor del equipo de gobierno municipal. Roger Cerdà, portavoz socialista municipal, asegura que existe una "amistad manifiesta" del responsable de esta sociedad con miembros del equipo de gobierno. El Ayuntamiento ha multiplicado además por siete las cantidades contratadas a esta firma, hasta el punto de que, según sostiene Cerdà, Sarri Hogar se ha adjudicado contratos por más de un millón de euros en Xàtiva. "Es una empresa de tres trabajadores , que igual gestiona la realización de un colector que organiza una tortilla gigante", subraya. Rus desechó en marzo la comisión porque no había nada irregular. "Nos dijeron que contratan a Sarri Hogar porque trabaja bien y cumple los contratos", recuerda Cerdà, a quien el equipo de gobierno remite a las comisiones informativas, que se celebran una vez al mes y donde no pueden fotocopiar documentos, sólo copiarlos a mano.

Los socialistas pidieron, sin éxito pues no prosperaron, investigaciones en otros tantos ayuntamientos del PP. En Calp, por supuestas irregularidades en la gestión de la empresa municipal de aguas; y en Ibi, del PP, por la supuesta adjudicación irregular de un PAI a la oferta más cara.

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De las comisiones de investigación pedidas por el PP en los ayuntamientos socialistas, todas han sido rechazadas. En Alaquàs, donde gobierna el socialista Jorge Alarte, la oposición ha pasado desde que el presidente Camps se ha visto implicado en el caso Gürtel, "de 30 preguntas anuales a 250 en un mes", ironizan en el ayuntamiento. Los populares querían analizar los contratos de publicidad adjudicados por el gobierno municipal en la última década, pero los socialistas replican que este "interés inusitado" por la gestión de Alarte es reciente y tiene que ver con que el alcalde es desde septiembre de 2008 el líder de los socialistas valencianos. Alarte derivó al PP a las comisiones ordinarias para conocer algunas facturas de las cuentas municipales o el plan de reequilibrio financiero del consistorio. En Onda y Morella, los socialistas Enrique Navarro y Joaquim Puig han desechado estas comisiones y derivado también a la oposición a otras comisiones municipales. En Gandia, donde gobierna José Manuel Orengo, los populares exigieron una comisión para esclarecer los contratos de obra y servicios de la última década. También se desechó.

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