El Consell aplaca a los contratistas con un comisión para desatascar mil millones

Una comisión mixta entre la Consejería de Economía y contratistas de obra pública analizará el problema que está sufriendo el sector por el retraso en los de pagos por parte de la Generalitat. La Administración valenciana no puede satisfacer el importe de las obras de infraestructuras adjudicadas por falta de liquidez y los empresarios afectados no pueden afrontar los pagos a proveedores ni bancos, con la subsiguiente concatenación de impactos. Diversas fuentes cuantifican la deuda pendiente en unos 1.000 millones de euros.

La Generalitat, según los contratistas, tarda entre ocho y nueve meses en pagar desde el momento en que reconoce y certifica la deuda. Sin embargo, pueden pasar varios meses más antes de que lo haga. En otros casos, denuncia la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval), la demora del pago "alcanza niveles inaceptables", sobre los 580 días de retraso, llevando a la agonía a empresas solventes.

La Generalitat tarda entre ocho meses y más de un año y medio en pagar

El malestar acumulado ha tenido conatos de explosión tanto en la Cámara de Contratistas como en la Federación de Empresas de la Comunidad Valenciana Contratistas (Fecoval), organizaciones que aglutinan, respectivamente, a las empresas que realizan obras para la Generalitat. La presión ejercida por ambas organizaciones forzó en las últimas semanas al Consell a convocar varias reuniones con los afectados para buscar salidas a la situación. Finalmente, el Gobierno valenciano ha decidido crear comisiones mixtas para analizar el problema y sondear algunas soluciones que alivien a los contratistas de obra pública y otros impagados.

Pero la Genralitat tiene poco margen de maniobra. En los presupuestos de 2009, las inversiones reales han sufrido una caída del 12,09% como consecuencia de su endeudamiento, que según el Banco de España era de 13.318 millones de euros en el cuarto trimestre de 2008. Su capacidad de gestión está asimismo lastrada por los gastos comprometidos a ejercicios futuros, una deuda que la Consejería de Hacienda reconoce en 21.000 millones. La única luz en ese túnel son los 1.100 millones que la Generalitat reclama al Gobierno central por el nuevo modelo de financiación autonómico.

Mientras tanto, para hacer frente al malestar de los impagados la Consejería de Economía pone en marcha comisiones mixtas y contempla varias fórmulas de pago en las que necesariamente trata de involucrar a las entidades financieras valencianas. Una de ellas se denomina factoring y consiste en que la entidad bancaria se encarga de cobrar las facturas pendientes de la empresa, asume por tanto el riesgo de insolvencia del deudor y anticipa su importe a cambio de comisiones. Tanto Bancaja como CAM cuentan desde hace tiempo con este servicio de cesión de créditos comerciales, aunque por ahora no ha paliado la desesperada situación de estas empresas.

Otra de las opciones que maneja Economía es la de recurrir a avales del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). El Consell ha aprobado recientemente un decreto-ley con una modificación presupuestaria para aumentar en 200 euros (ya disponía de 200) la cuantía de avales que podrá prestar el IVF. Los empresarios, además, reclaman al Consell que agilice los procedimientos burocráticos, así como el reconocimiento de la deuda. Según explica un contratista, "aparte de estas fórmulas, son necesarias otras aun para poder salvar una situación cuya gravedad se acrecienta a cada día". "De momento, sólo hay sensibilidad", se duele.