Pegas a la inmigración

El Gobierno ha justificado la nueva Ley de Extranjería que prepara en los cambios habidos en el escenario económico y en su impacto sobre el mundo de la inmigración en Europa. La convergencia legal en materia de inmigración en el seno de la UE se ha hecho visible en uno de los puntos más polémicos de la nueva norma: la ampliación de 40 a 60 días del periodo de internamiento administrativo del inmigrante sujeto a expediente de expulsión.

Pero no sólo ha sido criticado este punto de la ley. Diversas instituciones y organizaciones sociales censuran otros aspectos, tanto desde el punto de vista jurídico como del social y político. Y lo han debido hacer con fundamento, dada la predisposición del Gobierno a aceptar sus sugerencias, antes de que el anteproyecto de ley sea debatido en el Congreso. Desde el ministerio público, su Consejo Fiscal ha mostrado una especial preocupación sobre el tratamiento dado a los menores inmigrantes; también el Consejo General del Poder Judicial ha hecho precisiones críticas a aspectos jurídicos del anteproyecto. Desde el ministerio público no se considera correcto que no se distinga entre menores y adultos en el supuesto de expulsión por condena a pena superior a un año de prisión. Al menor repatriado de esa forma se le privaría indebidamente de los objetivos de reinserción establecidos en una ley de igual rango como la del menor. También se observa en otros apartados de la nueva ley un tratamiento administrativo empeñado en no hacer la necesaria distinción entre extranjeros menores, no acompañados o tutelados, y extranjeros adultos.

La reforma que plantea el Gobierno supone un avance sustancial en el reconocimiento de derechos -asociación, reunión, manifestación y sindicación- que el Tribunal Constitucional siempre ha considerado consustanciales a la persona, no concesiones administrativas. Ello no ha impedido que el Consejo General del Poder Judicial cuestione la diferencia de trato -un procedimiento diferenciado y más gravoso- en el acceso del inmigrante a la asistencia jurídica gratuita. El Consejo también propone un cambio en el artículo 53 del proyecto, relativo a "infracciones graves", cuya ambigua redacción ha hecho que algunas organizaciones sin ánimo de lucro de ayuda a los inmigrantes se hayan sentido aludidas por una referencia a quienes acogen a inmigrantes irregulares en fraude de ley.