Una concejal de Dénia dimite ante la "irrespirable atmósfera" municipal

Dénia es una ciudad investigada por los jueces. Hasta seis causas han abierto los tribunales en los últimos meses contra concejales de la ciudad. En dos procesos está imputada la alcaldesa, Ana Kringe (PP), y en otros tres su antecesora, la socialista Paqui Viciano. También están implicados dos ediles del PSPV , otro ex concejal socialista y un regidor del PP. La judicialización de la vida pública se ha cobrado su primera dimisión, la de la edil socialista Maria José Lorenzo, imputada por un presunto delito de malversación de fondos y que presentó la renuncia el jueves. Lorenzo es una de los cuatro concejales imputados de la Corporación, además de la actual alcaldesa del PP y la ex alcaldesa socialista, en una espiral de judicialización que, en su opinión, ha creado una "atmósfera irrespirable" en el Ayuntamiento.

Las denuncias se han disparado desde la moción de censura en junio

Esta judicialización sin precedentes tiene mucho que ver con la moción de censura que hace diez meses dio el poder al PP con el apoyo de un tránsfuga ex socialista y de tres partidos independientes en detrimento de PSPV y Bloc. Gobierno y oposición ventilan sus diferencias en los juzgados mientras la ciudad vive la peor crisis inmobiliaria de su historia y lidera el paro en la comarca. Asociaciones de empresarios, promotores o restauradores han protestado por la forma de actuar de sus representantes públicos.

En el caso que afecta a Lorenzo están implicadas Paqui Viciano, la también concejal socialista Vicenta Bixquert y una funcionaria, a las que el gobierno local (PP e independientes) responsabiliza de la desaparición de 11.600 euros que el Ayuntamiento debería haber ingresado del cobro de carnés por el uso de dos entidades culturales municipales entre 2004 y 2008. En esos años Viciano ocupó la alcaldía y las dos ediles dirigieron el área de Juventud, de la que dependían estas dos entidades.

Con el Ayuntamiento cerrado, Lorenzo presentó su renuncia ante la Policía Local, que por motivos burocráticos no podrá registrarla hasta el sábado. "Mi dimisión es firme e irrevocable y de ella ya está informada mi secretaria general (Paqui Viciano)" subrayó la concejal, quien se mostró critica con su partido: "En otra época, en el PSOE imputado era sinónimo de dimitido, igual que lo sigue siendo en todo el occidente democrático. Gracias a ello nos diferenciábamos del PP. Ahora, las circunstancias han cambiado y yo quiero que mi renuncia ayude a reflexionar a mi partido".

La dimisión está cargada de contenido político. Lorenzo pertenece al sector socialista crítico a Viciano, que envía así un mensaje a la ex alcaldesa para que asuma sus responsabilidades al estar imputada por este caso, por un posible delito de prevaricación -al vender un camino catastral presuntamente para favorecer a una promotora- y por un tercero de desobediencia electoral, siempre tras denuncias del PP y sus socios.

Lorenzo, que proclamó su inocencia, achacó su renuncia a la "atmósfera irrespirable que ha provocado la judicialización de la política de Dénia". "Me alarma la normalidad con la que se acepta que los responsables políticos estén imputados", añadió.

Lo cierto es que los jueces han encontrado materia en la que investigar. Viciano, su ex concejal de Urbanismo, Juli Martínez, y el gerente de Urbanismo en la etapa de PSPV y BNV, Juan Frasés, están imputados por un posible delito de prevaricación acusados de favorecer a una constructora al vender un camino catastral por debajo del precio del mercado para construir apartamentos en la costa.

También la redacción del Plan General, sin concluir, ha llegado al juzgado. PSPV y Bloc encargaron a Frasés un nuevo planeamiento que protegiera cuatro millones de metros cuadrados en la costa. El PP, en cambio, achacaba al ex gerente numerosas irregularidades y Kringe lo destituyó, motivo por el que está imputada por un posible delito de prevaricación tras una denuncia de Frasés. Así mismo, el edil popular Vicent Chelet está imputado por otra denuncia de Frasés. Y el principal plan urbanístico del gobierno del PSPV y BNV, que incluía teatro y centro comercial y fue anulado por el Consell, está en el juzgado. Kringe tiene una segunda imputación por prevaricación al ocupar antes de llegar a la alcaldía la dirección del Patronato Provincial de Turismo de Alicante pese a carecer de la titulación requerida.