Imputados por corrupción un edil del PP y un asesor de Fernández Díaz

El Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona ha imputado a dos destacados militantes del PP de Barcelona por los supuestos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. Uno de ellos es asesor del presidente del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Barcelona y ex líder regional del partido en Cataluña, Alberto Fernández Díaz. El segundo es concejal del equipo de gobierno de Vallirana (Baix Llobregat), población en la que encabezó la candidatura en las últimas elecciones locales.

La querella ha sido presentada por la propietaria de un bar de Barcelona a la que se concedió el permiso de apertura del establecimiento después de pagar presuntamente 6.000 euros a ambos militantes para que agilizaran los trámites administrativos. Cuando al parecer se negó a abonar más dinero, el Ayuntamiento le precintó el bar alegando que no cumplía la distancia mínima de separación con otro establecimiento del mismo tipo, en concreto le faltaban seis centímetros. Un primer informe de los técnicos municipales, realizado un año antes y que ahora no aparece, verificó que la distancia era la legal, 25 metros (véase la fotografía adjunta). Por este motivo, la querella se amplía contra la gerente del distrito de Gràcia y un funcionario técnico.

La denunciante pagó 6.000 euros a Belón y Penalba por sus gestiones

El asesor municipal del PP es Alberto Belón García, que además ocupa el cargo de consejero en el distrito de Gràcia, barrio donde se ubica el bar objeto de la querella y en el que forma parte de la Comisión Consultiva de Urbanismo. Belón envió un fax desde el propio Consistorio, con membrete del PP, a los propietarios del establecimiento adjuntándoles las alegaciones que presentó para obtener el permiso de apertura del local.

El otro imputado es Antonio Penalba Fernández, asesor de profesión y miembro del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vallirana. Los otros imputados son la gerente del Consistorio barcelonés en el distrito de Gràcia, María Carmen Fernández González, y Josep Serrano Jornet, un funcionario técnico.

En la querella se expone que a finales de febrero de 2008, poco antes de las elecciones generales, la propietaria del bar se entrevistó con el entonces secretario del PP en Cataluña, Rafael Luna, en su despacho del Parlament, para quejarse de la actuación de Belón y Penalba. Durante esa entrevista Luna recibió una llamada de Alberto Fernández Díaz para interesarse por el caso, extremo que Luna admite, según comentó ayer un portavoz oficial del partido. Luna, según consta en la querella y reconoce el PP, recomendó a la propietaria del local que si existía algún hecho delictivo, lo denunciara ante los tribunales, y ésta así lo hizo.

Los hechos que investigará ahora el juzgado se remontan a diciembre de 2006, cuando María Iciar Fernández alquiló un local en la Travessera de Dalt de Barcelona para instalar un establecimiento de restauración, Store Café. Tras una primera inspección del funcionario Josep Serrano Jornet, el distrito de Gràcia le denegó la apertura por la existencia de otro establecimiento de las mismas características a menos de 25 metros. Los abogados de la perjudicada alegan que esta normativa no entró en vigor hasta dos años después.

Fue entonces cuando, siempre según la querella, Antonio Penalba y Alberto Belón se pusieron en contacto con la propietaria para, a cambio de 18.000 euros, resolverle los problemas administrativos. Iciar Fernández sólo pagó 6.000 con un pagaré.

El Ayuntamiento de Barcelona aceptó finalmente las alegaciones presentadas por Belón y confirmó que la distancia entre ambos bares era de 25 metros -la legalmente establecida-, según verificaron el "jefe del departamento de licencias e inspección y la directora de los servicios técnicos".

Un año más tarde, el Ayuntamiento rectificó este cálculo y aceptó las mediciones presentadas por el propietario del otro bar, denominado Mylka, que no alcanzaban los 25 metros. El distrito de Gràcia optó entonces por precintar el local Store Café, de la denunciante. Según ésta, los problemas empezaron cuando se negó a pagar más dinero a Belón y Penalba. Al final, realizó obras en el local para cambiar la puerta de acceso e incrementar así la separación entre locales. Pero el Ayuntamiento insiste en que todavía le faltan seis centímetros para respetar la distancia legal.

La admisión de la querella contra estos dos militantes del PP se suma ahora al proceso penal que tramita el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona y en el que están imputados, entre otros, el abogado Fernando Martínez, ex vicepresidente del PP en Barcelona y presidente del comité de garantías hasta el congreso regional del partido celebrado el pasado otoño.