"Ningún tribunal de justicia puede establecer la política educativa"

Un año lleva Teresa Jiménez (Lanjarón, Granada; 1964) al frente de la Consejería de Educación. Doce meses complicados. Los palos han llegado desde casi todos los frentes. Desde los sindicatos. Desde las asociaciones más conservadoras. Y desde la Justicia. La implantación de la Ley de Educación de Andalucía (LEA) provoca que su departamento sea un punto caliente. "Ha sido año muy intenso", dice. "Podemos hablar de un mayor grado de cumplimiento de la LEA [...] El balance es positivo".

Pregunta. El último enfrentamiento con los sindicatos ha sido por los interinos. ¿Por qué debe cambiar el sistema actual?

Respuesta. En este caso hay enfrentamiento y acuerdo, porque hemos llegado a un acuerdo con UGT que garantiza todos los derechos de los interinos que están en el sistema. Pero tenemos que cumplir la directiva europea que sitúa el porcentaje de interinos en el 8%. Desde Educación hemos hecho el mayor esfuerzo por los interinos. No sólo firmamos un acuerdo de estabilidad que terminó en 2008, sino que promovimos que en la LOE hubiera un sistema transitorio que permitiera a los interinos el acceso a la función pública. Pero, expirado el acuerdo de estabilidad y pensando también que el acuerdo transitorio acaba en 2011, hemos puesto sobre la mesa el nuevo decreto. Y se establece que los interinos que se incorporen en el futuro tendrán que demostrar su cualificación aprobando un examen de oposiciones y a partir de ahí se contará con su experiencia laboral. Tenemos la obligación de abrir las puertas del sistema educativo a los nuevos titulados, que durante estos años no han tenido una puerta grande de entrada.

"Hay que abrir las puertas del sistema educativo a los nuevos titulados"

"Todos los concertados se han comprometido a que no segregarán"

P. ¿Mantener este sistema de privilegios para los interinos actuales no es un agravio respecto a los futuros eventuales o a cualquier aspirante a profesor?

R. No creo que sean privilegios. Es mantener las condiciones laborales de un colectivo hasta que se convierta en funcionario. Tenemos que regular que las personas que accedan a la interinidad lo hagan a partir de unos principios para que no vuelva a acumularse en el sistema un porcentaje tan grande de interinos. Antes del acceso transitorio estábamos hablando de más de un 22% de interinidad.

P. El adelanto del curso ha provocado el rechazo unánime de los sindicatos, ¿siente frustración por no haber conseguido que se sumen?

R. Me hubiese gustado que la respuesta de la comunidad educativa hubiese sido un sí unánime. El adelanto del curso no supone modificar las condiciones laborales del profesorado. De lo que hablamos es del horario de los alumnos y alumnas. El profesorado está incorporado a sus centros a partir del 1 de septiembre. Hemos hablado con todos los colectivos y es una propuesta apoyada por las asociaciones de padres y madres y también por el resto de sectores de la comunidad educativa. En 12 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas el curso empieza antes del 15 de septiembre. Es una tendencia que se está imponiendo y que garantiza al alumnado más tiempo para aprender.

P. ¿Aumentará más el número de días lectivos en los próximos años?

R. No tenemos prevista ninguna modificación del calendario en los próximos cursos.

P. Otro asunto que motivó un paro sindical fue el plan de calidad, ¿por qué no se está implantando de forma masiva este plan de incentivos en los centros?

R. Ningún programa educativo se ha implantado de forma masiva. Tienen un carácter voluntario. Y ningún programa, a un año vista, ha sido aprobado por el 45% de los centros. El grado de implantación es positivo. Y lo es si tenemos en cuenta que exigimos que dos tercios del claustro tengan que decir que sí. Esperamos que siga sumando apoyos y que llegue a todos los centros.

P. Los críticos dicen que la mejor forma de luchar contra el fracaso escolar no es ofrecer incentivos a los profesores.

R. Los críticos no quieren reconocer que el plan recoge una serie de objetivos y medidas que van más allá de los incentivos.

P. Con la nueva orden de escolarización, ¿el año que viene habrá aulas sólo de chicos o chicas pagadas con dinero público?

R. La nueva orden fija que no puede haber discriminación por razón de sexo. Ese objetivo lo hemos cumplido porque todos los centros que han presentado su solicitud han firmado su compromiso de que no van a segregar en la escolarización. Es decir, si un niño o una niña pide plaza en un centro que hasta ahora no era mixto no va a haber discriminación a la hora de aceptar su solicitud. Ahora tendrán que ser los padres quienes decidan si quieren escolarizar a su hijo en este colegio o en otro.

P. Se ha encontrado con la oposición del TSJA en asuntos como Educación para la Ciudadanía.

R. En Educación para la Ciudadanía hemos tenido una polémica abierta porque el Gobierno andaluz no compartía el contenido de las sentencias que emanaban de la sala tercera del TSJA. Recurrimos al Tribunal Supremo y ese recurso ha servido para que en Andalucía y en España tengamos una doctrina única. A partir de ese momento ha cambiado la línea de trabajo del TSJA y las últimas sentencias, como no puede ser de otra manera, inciden en la misma línea del Supremo.

P. ¿No es curioso que sea siempre una misma sala la que contradice la política educativa del Gobierno andaluz?

R. La verdad es que sí, aunque es cierto que es la sala donde van la mayor parte de los asuntos educativos. En cualquier caso, creo que el Supremo ha avalado la actuación de la Junta. Me gustaría que no tuviéramos que acudir a instancias superiores, pero este es el sistema judicial con el que trabajamos y tenemos que acatar las sentencias y respetarlas.

P. ¿Temen que el TSJA pueda tumbar el plan de calidad?

R. Esperamos que no. No creemos que haya razones legales que impidan que ese plan siga en marcha.

P. La misma sala puso en jaque la limitación de alumnos en las aulas, ¿ha generado muchos problemas?

R. La ratio es un indicador de calidad. Y la Consejería está trabajando no sólo para que se cumpla, sino para que sea más baja todavía que la ratio. Cualquier consideración que se salte lo establecido creo que no es adecuada ni positiva para el sistema educativo. Es una perturbación. Espero que todos entendamos que la escolarización la tiene que hacer el Gobierno. Ningún tribunal de justicia puede establecer el sistema de escolarización. Ahora parece que se está cambiando de opinión en el TSJA. Pero la ausencia de la ratio perjudica fundamentalmente la calidad en las aulas.