La trama de los burdeles destapa presuntas extorsiones a comerciantes

La trama de sobornos en los prostíbulos ha destapado presuntas extorsiones a comerciantes y dueños de locales de Barcelona. Ayer trascendieron los detalles de dos casos en los que Joaquín Quílez Mata, ingeniero imputado en la trama y en libertad bajo fianza de 15.000 euros, exigió y logró diversas cantidades de dinero de los comerciantes con la promesa de obtener un trato de favor del Ayuntamiento que no se produjo.

José Ramón González, de 51 años, dueño del supermercado De Tot al Born, explicó que hizo diversos pagos a Quílez por 5.000 euros para legalizar la ampliación de su negocio. Según su versión, tras pagar a Quílez, recibió varias visitas de un inspector municipal que le advirtió de la situación irregular en la que se encontraba el local, informa Mónica Acero. González se quejó a Quílez de esta situación y éste le dijo que no se preocupara, que todo estaba solucionado. Pero nada de eso ocurrió. Al no cesar las visitas del inspector, González acudió al Ayuntamiento en mayo de 2005 y descubrió que no se había tramitado ningún expediente de obras sobre su negocio.

Un intermediario está pendiente de juicio por una licencia del Eixample

Al final, buscó otro ingeniero y una abogada, y legalizó las obras. Ahora se ha decidido a explicar el caso tras aflorar la trama de los prostíbulos que investiga el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona y en la que Quílez está imputado. "No es tanto por los 5.000 euros que perdimos como por el daño moral y personal que nos hizo".

El otro caso es el de Carmen Ahijado, dueña del pub Donegal. La mujer fue condenada hace unas semanas a cinco años y medio de cárcel por los ruidos que provocó el local, pero en el juicio explicó que pagó a Quílez porque le prometió que le solucionaría el expediente municipal tras la denuncia de un vecino. La mujer realizó dos pagos de 3.000 euros y, dado que seguían las inspecciones municipales, se negó a realizar un tercero. "Fue entonces cuando llegaron los problemas y me cerraron el local. Yo soy la víctima", explicó ayer Ahijado, quien aseguró también que mientras pagó a Quílez celebró varias reuniones en el distrito de Ciutat Vella con él y varios funcionarios.

El nombre de Quílez no sólo era conocido en Ciutat Vella. En 2004, en el distrito del Eixample se abrió una investigación por irregularidades en la licencia de apertura de un local de alterne. Fue tramitada por el inspector Eduard Cabestany y en todo el papeleo aparecía el nombre de Quílez. En esa ocasión, el Consistorio, tras seguir los pasos del funcionario, reunió pruebas para enviar el caso a la fiscalía. Después, un juzgado abrió procedimiento por tráfico de influencias en el que imputó al inspector y también a Quílez. El juicio se fijó en la Audiencia de Barcelona recientemente, pero fue aplazado. Fuentes municipales señalaron que el inspector permanece suspendido de empleo y sueldo de forma provisional hasta que haya sentencia. No se pudo tomar ningún tipo de medida respecto a Quílez porque no es funcionario, sino un intermediario privado. Medios municipales subrayaron que Quílez nunca ha tenido relación contractual con el Ayuntamiento, aunque él, dicen sus víctimas, se presentaba como funcionario con influencias en la Administración local. Sólo se le encargó en 2001 la tramitación de la licencia del Frontón Colón.

En Ciutat Vella, el nombre de Quílez fue mencionado por seis o siete personas que a lo largo de los años acudieron a las oficinas para saber qué ocurría con las tramitaciones que tenían en curso. Todas tenían una cosa en común: las presentaba Quílez y en todos los casos explicaban que le habían pagado dinero. "Les decíamos que lo denunciaran", explicaron ayer fuentes del Consistorio, que insistieron en que no pudieron establecer relación alguna entre Quílez y el funcionario Manuel Martínez. Éste también fue inspector en Ciutat Vella hasta 2001, antes de que lo trasladaran al Eixample, distrito en el que se ha descubierto su supuesta implicación en la desaparición de expedientes para favorecer a propietarios de dos burdeles. Por ello, Martínez está en prisión condicional.

Lo que sí admiten en el Consistorio barcelonés es que había sospechas en la tramitación de algunos expedientes de Martínez en Ciutat Vella. "Se investigó, pero no pudimos reunir suficientes pruebas para llevar el caso a la justicia", puntualizó ayer el primer teniente de alcalde, Carles Martí. Martínez fue trasladado al distrito del Eixample, donde, al parecer, siguió maniobrando con los expedientes de licencias, lo que finalmente le ha llevado a una acusación de cohecho por hacer desaparecer expedientes. Martí negó desidia por parte de la Administración. Ésa acusación la efectuó ayer el grupo municipal de CiU.

"La prueba de que el Consistorio actúa es que hace unos meses dos funcionarios fueron condenados por cohecho", apuntó Martí. Es el caso de dos funcionarios del Instituto Municipal de Hacienda condenados a penas de ocho y cinco años de prisión por cohecho y falsedad.