Turbulencias en Génova

El Partido Popular no ha podido impedir que el juez Baltasar Garzón acumule indicios delictivos suficientes para implicar al senador por Cantabria y tesorero del partido, Luis Bárcenas, y al eurodiputado Gerardo Galeote, en la trama presuntamente corrupta montada por Francisco Correa en la época de Aznar y que siguió operando a partir de 2004 en las comunidades de Madrid y Valencia. Al tiempo que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se declaraba competente sobre la totalidad de la causa, el juez Garzón ultimaba un auto que atribuye a Bárcenas y Galeote la posible percepción de casi dos millones de euros en sobornos y les considera parte de la trama empresarial creada por Correa en torno a la actividad del PP: la partidaria, como la preparación y realización de congresos y otros eventos, y la institucional, como la obtención de contratos en las administraciones públicas gobernadas por el partido.

El auto de Garzón no supone de momento una imputación penal. Pero plantea ya una hipótesis sumamente inquietante: la de que el PP ha tenido durante años a un presunto corrupto en el órgano encargado de las finanzas del partido, primero como gerente, a partir de 1990, y como máximo responsable desde 2008.

A la dirección del PP se le acaba el tiempo de adoptar una postura firme y coherente ante los indicios de corrupción que el caso Correa ha arrojado sobre cargos institucionales y orgánicos del partido. Cerrar filas, atacar y desacreditar a Garzón y atribuir todo a una conspiración ya no sirve: la investigación judicial se abre camino con indicios cada vez más consistentes. El juez ha podido culminar en tiempo procesal oportuno, a pesar de los intentos por apartarle del caso a golpe de querellas, la investigación sobre Bárcenas y Galeote. Y el Tribunal Superior de Madrid ha confirmado los indicios delictivos apuntados respecto a los tres diputados autonómicos de Aguirre.

Aunque Bárcenas es senador y Galeote europarlamentario, el PP se ha evitado de momento el disgusto de que el asunto llegue al Tribunal Supremo. No se sabe por qué la fiscalía ha aconsejado su remisión al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y Garzón lo ha aceptado. El argumento que da el juez es harto discutible: evitar la escisión de la causa. Pero la causa ya está escindida en lo referente a Camps, que espera la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

Nada puede hacer un tribunal respecto de aforados que no son de su competencia. La investigación necesita la autorización -suplicatorio- del Senado y del Parlamento Europeo, y sólo puede solicitarla el Tribunal Supremo. Que es en donde más pronto que tarde puede recalar la causa, como ya ha sugerido el propio Tribunal Superior de Madrid al pedir a la fiscalía que informe sobre la posible competencia del Supremo en un asunto que implica a aforados de dos autonomías diferentes. Génova no puede seguir mirando hacia otro lado. Rajoy debe reaccionar