Los inspectores confirman que el PSM hizo obras ilegales en su nueva sede

La realidad se ha obstinado en contradecir al secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez. Si el jueves dijo que las obras en la nueva sede del partido, en el Palacio de la Prensa, no habían empezado e incluso ayer por la mañana insistió en que se había cumplido la ley, los inspectores municipales confirmaron ayer lo contrario. Las obras, en un edificio que goza de una alta protección arquitectónica, no sólo habían empezado sin tener la licencia necesaria, sino que estaban ya muy avanzadas.

"Se ha observado demolición de falsos techos y tabiquería, desmontaje de carpintería exterior en cuarta planta, nueva distribución, chapados de baños e instalaciones de aire acondicionado, fontanería y electricidad. Se ha verificado que estas obras no han presentado la licencia municipal", reza el acta que redactaron los funcionarios.

El día antes, sin embargo, el PSM dijo que sólo se había "limpiado el local y recogido muebles". Una mera preparación de la obra mientras obtenían el permiso, dijeron. La licencia que habían solicitado el pasado 30 de enero era para realizar obras menores y se pidió con presupuesto de 180.000 euros.

El PSM, a diferencia del día anterior, sí permitió ayer la entrada de los inspectores municipales. Un abogado de los socialistas estuvo presente en la inspección. Los funcionarios calificaron la ilegalidad como "grave". La sanción puede llegar hasta los 300.000 euros. El Ayuntamiento abrirá el expediente sancionador y comunicará la semana que viene a los socialistas la paralización de las obras.

Después de realizarse la inspección, Gómez denunció una "campaña de acoso y persecución del Ayuntamiento".

También quiso aprovechar esta historia el consejero de Sanidad, Juan José Güemes. Pero éste fue más allá, quizá demasiado, y, sin ninguna prueba, acusó al PSM de poder "estar ante un caso de financiación irregular de un partido político". Según Güemes, en cuyo partido hay ahora mismo imputados tres diputados, un ex consejero y tres alcaldes por la trama de corrupción que investiga el juez Garzón, el hecho de que el presupuesto de la obra fuera de 180.000, cuando una reforma de esas características, dice él, puede costar hasta un millón de euros, puede ser un indicio de esa financiación irregular.