El adversario está dentro

La consecuencia más llamativa de las cargas policiales del día 18 tras el desalojo de los estudiantes que ocupaban la sede de la Universidad de Barcelona es la desproporción entre la entidad de lo ocurrido y el volumen de la escandalera que le ha seguido. La oposición ha creído que podía hincar el diente y elevar a la categoría de atentado contra la libertad unas cargas excesivas para tan poco desorden.

Que a las derechas les haya sobrevenido una súbita fiebre defensora del derecho de manifestación de los estudiantes y de los grupos antisistema que se les suman es algo de lo que a fin de cuentas hay que felicitarse. Y que la prensa conservadora clame por la dimisión del titular de Interior, Joan Saura, es algo que desde luego no debiera sorprender. A Saura y la federación que dirige les toca asumir en esta legislatura lo que en la anterior recayó sobre Josep Lluís Carod y Esquerra Republicana. Es decir, el papel de chivo expiatorio.

Saura e Iniciativa Verds (ICV) han pisado algunos callos en una sociedad acostumbrada desde los años del pujolismo a que los gobiernos se echen atrás cuando se huelen que andan algunos votos en juego, se disgusta a los funcionarios o se afecta a algunos de los múltiples tentáculos del gran poder económico. Pero ahora la oposición ha identificado a Saura e ICV como el punto más indefenso del tripartito y ha concentrado el fuego sobre él. Es así cómo se ha podido ver durante la pasada sequía y a propósito de la batalla contra los 80 kilómetros por hora que CiU es el verdadero partido ecologista. Y es así cómo el PP y CiU hacen equilibrios dialécticos entre los estudiantes que ocupan facultades y las autoridades encargadas de desalojarles.

Pero lo que ha convertido la presente situación en delicada para el Gobierno de Montilla no es esto. Ya se sabe, la oposición se opone. Lo peligroso del caso es que el adversario del Gobierno en este lance está en el propio Gobierno. Y que no es la primera vez que eso ocurre. Ahora mismo le ocurre también al consejero Ernest Maragall, que acaba de enviar al Parlament el proyecto de ley de educación, llamado a ser el más importante de la legislatura si prospera, sin el apoyo de dos de los tres aliados del Gobierno.

Entre los que exigen dimisiones están, de los primeros, las juventudes de la coalición que preside el propio Saura, a las que por supuesto se añadieron inmediatamente las de Esquerra. Y los sindicatos estudiantiles, comenzando por los progresistas. Respecto a ellos, sin embargo, el Gobierno puede ser un poco indulgente porque ahí juega la solidaridad juvenil. Pero las críticas de Carod son ya otra cosa. Como lo es también que una semana después del desalojo la televisión pública de la Generalitat siguiera emitiendo decenas de veces cada día una selecta muestra de secuencias de policías descontrolados aporreando sin piedad a inermes estudiantes. Los perseguidos, además, eran grupos de manifestantes que portaban no pocas banderas catalanas con la estrella independentista. Los desolados electores de Esquerra han tenido que tragar esas imágenes una y otra vez. Una semana. Mañana, tarde y noche.

Claramente: el problema no es ni la carga policial ni los ataques de la prensa conservadora y la oposición de derechas.

Una de las inevitables conclusiones de esta disparatada situación es que Cataluña tiene un Gobierno que no sabe defenderse, que tropieza una y otra vez consigo mismo y que está generando en sus principales figuras una inseguridad que los primeros planos televisivos muestran de forma inapelable. Estos días es Saura. Cuando se habla de los informes que paga el Gobierno es Montilla. Y no digamos ya Carod cuando tiene que asumir que sus delegaciones en el extranjero no son embajadas.

Dicho de otro modo, si el problema es controlar la policía, ése es un reto que un consejero de Interior no puede perder salvo que se acepte que la policía, además de autonómica, sea autónoma, por mucho que eso sea lo que le gustaría a algún sindicato. Y si en última instancia la responsabilidad es de Montilla, lo mismo. Pero estas situaciones no pueden ser alimentadas y arrastradas durante semanas por el propio Gobierno, excepto que respondan a una voluntad de suicidio político.