Etxaniz: "Guipúzcoa no atenderá a los menores que no quieren ser atendidos"

"Guipúzcoa no puede atender a quien no quiere ser atendido". La frase, pronunciada ayer por la diputada de Política Social, Maite Etxaniz, de EA, resume la posición de la institución foral para tratar a los menores inmigrantes a los que considera irrecuperables, que son internados en el centro de Deba en un último intento por lograr un cambio en su comportamiento. En su comparecencia ayer tarde ante la comisión correspondiente de las Juntas Generales, la responsable foral explicó que la reorganización de los servicios de acogida incluyó la creación del centro de Deba, en el que los menores más conflictivos son separados del resto para que no tengan una influencia negativa sobre los demás.

Los 22 jóvenes del centro de Deba acumulan 286 causas judiciales

Además del PNV y EA, que forman el Gobierno provincial, los representantes del PSE y del PP expresaron su apoyo a la labor de la Diputación en esta materia y recordaron que su puesta en marcha fue consensuada en su momento en las Juntas. Aralar y EB marcaron sus distancias con la actual política.

Etxaniz explicó que los 22 jóvenes que actualmente residen en el centro de Deba, donde varios de ellos han denunciado malos tratos y abandono ante un juzgado y la Fiscalía de Menores, acumulan un total de 286 causas judiciales abiertas. Reconoció que desde la apertura del centro se han registrado en el mismo fuertes conflictos, por lo que "ha sido necesario emplear la contención". La diputada foral no quiso entrar más en detalles sobre las denuncias: "Hay una investigación en marcha y esperamos su resultado".

El ararteko, Iñigo Lamarca, explicó ayer a la SER que su oficina ya ha abierto un expediente de queja a la Diputación por las denuncias de los menores en Deba y por la detención la semana pasada de 13 jóvenes acogidos a la tutela foral, acusados de diversos robos. Lamarca quiere recabar información sobre el control de entradas y salidas en dicho centro.

Etxaniz considera que los menores allí internados se muestran "refractarios a la intervención educativa" y han acabado imponiendo "un funcionamiento transgresor" que arrastra a los demás menores, desestabiliza a los equipos educativos y despierta el rechazo vecinal. Ello estigmatiza a la amplia mayoría de jóvenes inmigrantes que sólo quiere integrarse.

La diputada mantiene que el porcentaje de menores conflictivos se limita a un 10% -un responsable del ente foral lo elevaba en enero pasado al doble- y recalcó que un 82,2% de los 221 menores atendidos en la red foral se hallan escolarizados. El 63,8% de los muchachos no se ha visto nunca implicado en ningún incidente.

Los jóvenes enganchados al disolvente en Deba no reciben tratamiento para su adicción porque, según explicó a este periódico el director guipuzcoano de Infancia, José Ignacio Insausti, ya han pasado por varios centros de desintoxicación sin resultado alguno. Añadió que su departamento no puede hacer nada para evitar que la decena de menores que se fugaron de dicho centro sigan durmiendo en las calles de San Sebastián. Y precisó que los menores que han firmado altas voluntarias -SOS Racismo asegura que muchos han sido obligados a hacerlo- ya estaban tutelados en otras comunidades.

La diputada recalcó que "cualquier esfuerzo puede resultar baldío", mientras el Gobierno central no tome cartas en el asunto y no haya un cambio en la legislación sobre los menores, un establecimiento de cupos por territorios en toda España y se repatríe a los considerados irrecuperables. El efecto llamada, añadió, hace que cualquier incremento de recursos se quede corto: en cuatro años, el número de atendidos se ha disparado un 451%.