El Gobierno replica que su decreto sobre Religión no vulnera derechos

El Gobierno vasco salió ayer al paso del anuncio de los obispos de llevar a los tribunales el decreto sobre Bachillerato por el trato que se otorga a la asignatura de Religión. La portavoz del Ejecutivo, Miren Azkarate, replicó a los prelados vascos que el decreto se ajusta a la ley y respeta los derechos de los padres a que sus hijos reciban clase de Religión.

Los obispos han decidido recurrir la normativa porque consideran que la asignatura queda relegada, al no ofrecerse ninguna otra materia alternativa a los alumnos que no deseen estudiarla. En su opinión, el decreto del Gobierno "contraviene el texto y el espíritu de los Acuerdos de la Santa Sede y el Estado". En esos pactos se estipula que "el hecho de recibir o no la enseñanza religiosa no suponga discriminación alguna en la actividad escolar". Y para ellos, resulta una discriminación que estudiantes de 17 y 18 años que reciben formación católica tengan una hora o dos más de clase a la semana que sus compañeros.

La Religión es una materia de obligada oferta en todos los centros educativos, pero de opción voluntaria para los alumnos. Hasta este curso, el estudiante que no la daba debía acudir a una clase similar a la ética. Pero el nuevo decreto, que ha entrado en vigor en el actual curso 2009-2010, suprime la materia alternativa en Bachiller. Así, los estudiantes que cursan Religión dan una o dos horas más de clase a la semana que el resto.

Centros laicos

Azkarate recordó que el decreto recibió el visto bueno de todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, y de la mayoría de la comunidad educativa. "La norma garantiza el respeto de los derechos de las familias, tanto el derecho de quienes quieren que sus hijos e hijas reciban educación religiosa y de quienes no deseen hacerlo. No se han vulnerado los derechos de los alumnos", concluyó. Ezker Batua también defendió el decreto porque los colegios e institutos públicos ofertan la asignatura a pesar de tratarse de centros laicos.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobó una partida de 4,8 millones de euros para reforzar la seguridad de los ertzainas (compra de chalecos y pago de horas extraordinarias) Además, dio luz verde a un decreto por el que traspasa a las empresas la responsabilidad de los controles periódicos de las botellas de butano, que antes debían solicitarlos los propios usuarios.