La justicia frena el plan de la Junta en el Cabo de Gata

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha ampliado la suspensión cautelar que ya dictó sobre el Plan de la Junta, del PSOE, para ordenar los usos del parque natural del Cabo de Gata, en Almería. El tribunal considera que ese Plan de Ordenación de los Recursos Naturales permitiría "edificaciones en suelos que en principio no deberían albergarlas" y que no paralizarlo ahora -hasta que dictamine si vulnera la ley- "podría causar perjuicios irreparables". El auto da la razón a los ecologistas de Salvemos Mojácar y el Grupo Cóndor.

El Cabo de Gata es un quebradero de cabeza para la Junta andaluza. Durante años defendió que el hotel del Algarrobico era legal. Sin embargo, en septiembre pasado, un juez de Almería lo declaró ilegal y acusó a la comunidad de manipular "de forma burda" los planos oficiales del parque para legalizar el hotel.

El tribunal apunta que la norma hacía urbanizables suelos con casas ilegales

La sentencia llegó después de que, en marzo pasado, la Junta presentase el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales con el que, señaló, quería salvar el paraje del ladrillo. La entonces consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, afirmó que el cambio de clasificación del suelo del Algarrobico demostraba su "clara voluntad" por regenerar la zona. Coves destacó que los terrenos del hotel pasaban de urbanizables a "terrenos construidos que hay que recuperar". Sin embargo, según el plan original el terreno del hotel estaba calificado como "incompatible con el uso urbanístico".

En noviembre de 2008, el Tribunal Superior andaluz ya suspendió de manera cautelar la aplicación del plan en el sector del polémico hotel, al considerar que el cambio de uso podría conllevar la reactivación del complejo, y que esto podría acarrear "gravísimos e irreparables" perjuicios para el medio ambiente. Ese fue el segundo varapalo.

El tercero es el auto que la asociación Salvemos Mojácar hizo público ayer. La sección primera de lo contencioso administrativo dictó el pasado 10 de marzo un escrito de dos folios en el que impide que algunas zonas de Níjar y Carboneras pasen a clasificarse "de mayor intervención urbana". Ese cambio de uso supondría "la legalización de obras ilegales".

El auto, del que fue ponente Rafael Puya, añade que el plan suspendido "define nuevo suelo urbano en los núcleos de San José, la Isleta del Moro y Agua Amarga, que en 1994 no se consideraban como tal" y en el que "se construyeron viviendas y urbanizaciones ilegales". Además "amplía cultivos bajo plástico".

Las asociaciones ecologistas que han logrado paralizar el plan consideraron que la decisión evidencia "la presunta prevaricación cometida por la Junta en la modificación ilegal de planos del parque" y que la Consejería de Medio Ambiente ha "actuado al servicio de intereses espúreos y contra la protección del parque".