Patriotismos y canallas

Si voy entendiendo bien el folletín en que se ha convertido últimamente la crónica político-judicial española, parece ser que la trama de aprovechados y corruptos hoy investigada como caso Gürtel sentó sus reales en el aparato central del Partido Popular a mediados de los años noventa, durante el cada vez más férreo liderazgo de José María Aznar, y mantuvo entrada franca en los despachos más altos de Génova 13 hasta, por lo menos, comienzos del año 2003. Sólo a partir de entonces, y tras serios encontronazos con Mariano Rajoy, Francisco Correa y compañía, trasladaron su campo principal de actividades a las administraciones autonómicas y municipales de Madrid y de la Comunidad Valenciana en manos del PP.

Sugerir, como hizo Rosa Díez, que la Generalitat se halla sobrefinanciada es una provocación y un insulto

O sea que, por un lado, el aguerrido portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Rodríguez Bajón, se chanceaba de las selecciones deportivas catalanas, que acabarían "jugando a las canicas"; y la entonces ministra de Educación, Esperanza Aguirre, trataba de homogeneizar por decreto la enseñanza de las Humanidades en todo el solar patrio; y el presidente Aznar cantaba las excelencias de "una nación seria como España", destinada a ser "uno de los países más importantes del siglo XXI en Europa"; y el titular de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, conseguia plantar la bandera rojigualda tanto en medio de la madrileña plaza de Colón como en lo alto del islote norteafricano de Perejil...

Pero al mismo tiempo, no lejos de los próceres citados, en las proximidades de ese "clan de Becerril" cuyo miembro más conspicuo era el inminente yernísimo Alejandro Agag, florecía un voraz sector de los negocios al frente del cual un modesto empleado de agencia de viajes se transmutaba de la noche a la mañana en ostentoso empresario; y de creer a la investigación policial y a los indicios sumariales, se repartían sobornos a cambio de monopolizar la organización de eventos, mítines y campañas para el partido; y se ganaban voluntades con el obsequio de coches Jaguar.

Es decir, que mientras unos se envolvían en la bandera, y enarbolaban una lectura fundamentalista de la Constitución de 1978, y espoleaban desde la FAES el rearme doctrinal españolista, otros muy cercanos a los primeros ponían el cazo, y rebañaban el plato de la corrupción y del tráfico de influencias. Es algo parecido a lo que ocurría simultáneamente -y al parecer ha seguido ocurriendo después- en la Comunidad Valenciana: unos mandatarios que en público advertían de la horrible amenaza pancatalanista y consideraban las evidencias filológicas como un atentado a su identidad colectiva, pero en privado no conservaban las facturas de sus trajes..., y entiéndase el concepto trajes en amplio sentido metafórico.

Cambiemos ahora de registro sin cambiar de tema. El pasado sábado tuvo lugar en Madrid una manifestación de miles de miembros del Cuerpo Nacional de Policía convocados por sus sindicatos para exigir, con todo el derecho del mundo, mejoras salariales. Resultaba ya menos razonable que, para leer el manifiesto final, los organizadores eligiesen a Rosa Díez González, única diputada en el Congreso del partido ultraespañolista Unión, Progreso y Democracia (UPyD), organización que lleva consagrada su corta existencia a combatir las políticas lingüísticas vigentes en Cataluña, Euskadi y Galicia, y a reclamar una reforma de la ley electoral que margine a los partidos nacionalistas periféricos. Y es de una demagogia indecente lo que la señora Díez dijo al término de la marcha: que si el Gobierno no puede subir el sueldo de los policías es porque ha hecho "transferencias de fondos millonarias" a la Generalitat de Cataluña.

En primer lugar la señora Díez, que fue durante casi siete años (de octubre de 1991 a julio de 1998) consejera de Comercio, Consumo y Turismo de un Gobierno vasco de coalición entre el PNV y los socialistas y que, en calidad de tal, gestionó sin escrúpulo de conciencia alguno un presupuesto nutrido desde el privilegiado régimen del concierto económico (el que permitió pagar la famosa campaña promocional Euskadi: ven y cuéntalo, por ejemplo) esa señora no se halla legitimada para criticar las fórmulas ni las demandas financieras de ninguna otra comunidad autónoma. Con los datos de las balanzas fiscales publicados meses atrás y a la vista del exasperante bloqueo negociador de la nueva financiación catalana, sugerir que la Generalitat se halla sobrefinanciada es una provocación y un insulto.

Sí, porque ¿qué lógica dictamina que, para mejorar la remuneración de los policías, sea preciso recortar las transferencias a la Generalitat? ¿Y por qué no suprimir el Instituto Cervantes, o cerrar unas cuantas embajadas de España en países secundarios, o comprar dos o tres aviones de combate menos, o...? Yo les diré cuál es la lógica nacionalista subyacente a las palabras de Rosa Díez: la proyección exterior de la lengua y la cultura españolas, el despliegue diplomático del Estado por todos los rincones del planeta, el mantenimiento de la capacidad operacional de las Fuerzas Armadas, etcétera, son necesidades objetivas que están fuera de discusión, son dispendios de interés nacional. En cambio, los de las autonomías son gastos superfluos, excesivos, poco justificados, puesto que ellas mismas constituyen estructuras suntuarias, taifas derrochadoras, tinglados artificiosos con ínfulas de estatalidad.

Ciertos articulistas gustan de citar a menudo la conocida frase de Samuel Johnson, el escritor inglés del siglo XVIII: "El patriotismo es el último refugio de los canallas". Puede que sí; pero, en tal caso, la capacidad de amparar canallas de cada patriotismo sería proporcional al tamaño de éste, ¿no? Pues juzguen ustedes mismos, entre los que tenemos cerca, cuál es el más grande.

Joan B. Culla i Clarà es historiador