Illumbe trata de romper su gafe

La plaza de toros de Illumbe acumula un errático devenir desde que, en 1996, fue construida por la familia Chopera mediante una concesión administrativa del Ayuntamiento de San Sebastián que le reconoció su explotación por un periodo de 75 años.

En su corta vida, esta instalación ha podido presenciar desde problemas entre los socios originarios de la entidad gestora, hasta el cese de actividad de varios de los establecimientos de hostelería del complejo y de las salas de cine, que vieron estimadas por los tribunales sus pretensiones contra la entidad concesionaria, con consecuencias derivadas que salpicaron al propio Ayuntamiento. Y como colofón, se produjo la anulación judicial de la fórmula de adjudicación directa de la concesión.

Todo hace indicar que la concesión volverá a quedar en manos de Chopera

Además, la inicial euforia de la afición taurina de que San Sebastián volvía, por fin, a recuperar una plaza de toros después de quedarse sin El Chofre ha perdido intensidad, ya que en las últimas temporadas los carteles transcurren planos y sin alma, penalizadas sin duda por la lejanía del recinto del centro de la ciudad.

En este contexto, el consistorio donostiarra, que no se viene distinguiendo por un apoyo a la fiesta, al contrario de lo que ocurre en Bilbao y Vitoria, donde el respaldo se ha traducido en resultados positivos para la organización de la feria y la propia ciudad, se ve abocado a resolver el galimatías jurídico creado. Se trata de revestir como procedimiento abierto un proceso que, en pura lógica, debe conducir a restaurar la concesión anulada. Quienes conocen la situación de Illumbe sostiene que no será suficiente con conseguir este último objetivo, sino que la salida más idónea debería conciliar los muy diversos intereses en juego, en ocasiones contradictorios.

Esta solución debería conciliar tres escenarios. De un lado, el de la familia Chopera, que asumió de forma particular la financiación del proyecto de Illumbe y que no ha podido amortizarla en el periodo previsto, en buena medida, por la anulación judicial. A su vez, se trata de asegurar el objetivo municipal de reactivar unas instalaciones diseñadas en su día como un gran proyecto comercial y de ocio y que, en la actualidad, sobrevive a duras penas. Y finalmente está la posibilidad de mantener una actividad taurina que agradecerán, entre otros, los 881 abonados que tienen pagado su abono hasta 2012.

La fórmula ideada por los rectores municipales para dar solución a este jeroglífico ha sido la organización de un concurso, cuyo plazo para presentar ofertas vence el próximo día 30 de marzo En el mismo, con la contrapartida de un incremento de las posibilidades urbanísticas y comerciales, se prevé incluso la explotación de un aparcamiento de superficie y se impone a los licitadores, que deberán mantener el esquema de festejos que vienen siendo programados, un disuasorio canon concesional de, al menos, 36 millones de euros.

Esta es la cantidad a revertir a la familia Chopera en el supuesto de que no resulte ser la adjudicataria. La cantidad se vería reducida a 21 millones, a pagar por el Ayuntamiento, si el concurso quedase desierto, en cuyo caso el complejo revertiría al municipio.

Todo conduce, por lo tanto, a que el actual concesionario repita, contribuyendo así a que los hermanos Chopera, acuciados por los varapalos empresariales sufridos recientemente en Zaragoza y tierras francesas, no pierdan peso en el sector. Así mismo, también tendrá su influencia su reconocida voluntad de dar continuidad al sueño empresarial de su padre, que no era otro que volver a programar toros en su ciudad natal.