Sindicatos, ERC e ICV rechazan la congelación salarial de los funcionarios

El presidente de la Generalitat, José Montilla, no utilizó la expresión "congelación salarial" cuando el pasado martes insinuó en una conferencia ante empresarios que los funcionarios también tendrán que apretarse el cinturón por la crisis económica. No hizo falta. Los sindicatos e incluso los socios del PSC, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya leyeron entre líneas el discurso de Montilla, e hicieron saltar todas las alarmas tras escuchar por boca del presidente de la Generalitat que es "poco justificable" la subida salarial "garantizada" de los empleados públicos, que este año ganarán el 3,55% más. Los sindicatos rechazan de plano cualquier recorte y los socios del tripartito no quieren ni oír hablar del desgaste electoral que les supondría congelar los salarios a los 220.000 empleados del sector público en Cataluña.

Los socios del PSC alegan que los trabajadores no deben pagar las crisis

Los funcionarios de la Generalitat ingresarán este año el 3,55% más que el año pasado, un incremento que duplica con creces la inflación con la que se cerró 2008 (1,4%) y el pasado febrero quedó en el 0,7%.

Los sindicatos replican que, en realidad, el incremento salarial es únicamente del 2% y que la diferencia hasta llegar a ese 3,55% corresponde a compensaciones de las pagas extra (para que lleguen al 100%, lo que no ocurría antes), complementos específicos (como el de productividad) y, por último, aportaciones al fondo de pensiones, de los que no disfrutan los empleados cada mes.

Comisiones Obreras pidió a Montilla que rectifique sus afirmaciones sobre la subida salarial de los funcionarios, puesto que recordó que es un colectivo "heterogéneo tanto en funciones como en salario", por lo que algunas categorías como las auxiliares administrativas "apenas alcanzan los 1.000 euros mensuales". Y el responsable de Política Sectorial de UGT, Camil Ros, afirmó a Europa Press que "la factura de la crisis" no se debe cargar sobre los empleados públicos y pidió al Gobierno catalán que no se deje "intoxicar" por un discurso que parte de las organizaciones empresariales.

Ayer mismo, la CEOE, la gran patronal española, propuso que todo incremento salarial pactado por convenio no sobrepase el 1% y este aumento incluya parámetros como la productividad y el absentismo, entre otros.

Esquerra e Iniciativa hicieron ayer verdaderos equilibrios para alinearse con las medidas anticrisis expuestas por el presidente en su conferencia ante cerca de 200 empresarios y, al mismo tiempo, defender su ideario. La eventual congelación de salarios de los trabajadores públicos no satisface ni a ERC ni a ICV, partidos que consideran que la actual situación de crisis es culpa de la mala regulación del sistema financiero y nada tiene que ver con los sueldos que han cobrado o cobran los trabajadores sean o no funcionarios.

La portavoz parlamentaria de ERC, Anna Simó, evitó criticar en público la sugerencia de Montilla, pero recordó que el incremento salarial "poco justificable" según Montilla fue aprobado solemnemente en el Consell Executiu. "Cualquier otro cambio deberá ser aprobado en el mismo consejo", recordó la portavoz republicana.

Iniciativa-Esquerra Unida se desmarcó más claramente de Montilla. "El Gobierno tiene un plan de austeridad, y hay que dar ejemplo y apretarse el cinturón. Pero también lo tienen que hacer los que más tienen, y los funcionarios no son los que más han ganado, sino el sector privado", dijo la portavoz del partido, Laia Ortiz.

Tras escuchar la incomodidad de los socios de Gobierno, fuentes del departamento de Presidencia recordaron ayer por la tarde que el presidente no habló en ningún momento de congelación salarial por más que la insinuara. Las mismas fuentes recordaron que es en mayo cuando debe negociarse el incremento para el próximo año y explicaron que entonces se abren tres posibilidades: congelación, mantenimiento del actual sistema de retribuciones o moderaciones salariales garantizando siempre un aumento cercano al 2%.

Es lo que mayor sintonía generaría con el Gobierno central. El vicepresidente económico, Pedro Solbes, reclama desde el pasado verano contención en las políticas de gasto y salariales de la Administración General del Estado y se ha mostrado partidario de aumentos no superiores al 2%. Solbes advierte de la posiblidad de que los mecanismos para acompasar sueldos y aumento de precios acaben por incrementar aún más inflación.