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Reportaje:

Teoría contra la dimisión propia

El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, arremete contra la Fiscalía

El rocambolesco pleno en el que la Diputación de Málaga acordó ayer la creación de una comisión monográfica -no puede considerarse de investigación al tratarse de una entidad local- sobre la implicación de personal de la institución en la trama de corrupción descubierta en Alcaucín tuvo un protagonista principal: Juan Martín Serón, alcalde de Alhaurín el Grande, imputado de presuntos delitos de cohecho, prevaricación y blanqueo que tiene escaño en la corporación provincial. En más de dos horas de sesión no hubo ninguna mención al dimitido alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, y muy pocas al jefe del servicio de Arquitectura del organismo, José Francisco Mora, que son las dos personas encarceladas por el caso Arcos.

La Diputación de Málaga investigará sus implicaciones en la trama de Alcaucín

Pese a que en la junta de portavoces los tres grupos políticos pactaron el texto del acuerdo, en lugar de darle carácter institucional prefirieron ir al debate. El resultado fue una algarada de reproches y acusaciones. Y hasta de malos deseos, como el anuncio-amenaza del portavoz del PP, Francisco Salado, de visitar Villanueva de Tapia, el pueblo del que es alcaldesa la portavoz de IU, Encarnación Páez, para ponerle varias denuncias por las obras que vea y así esté imputada para comprobar si es verdad que dimitiría. Y es que según Salado, estar imputado no tiene ninguna importancia, porque "basta con que alguien ponga una denuncia para que lo esté". Él mismo dijo que cuando fue alcalde de Rincón de la Victoria lo estuvo en 14 procesos y en ninguno fue condenado. Salado obvió una parte esencial del argumento de Páez, quien dijo que debe dimitir quién está imputado de corrupción.

Para el portavoz del PP "no se puede manifestar que la Diputación esté ajena porque el imputado cometió sus delitos en su condición de funcionario y desde su puesto de trabajo". Salado dijo no creerse que el equipo de Gobierno no supiera nada de las actividades del jefe de Arquitectura detenido y consideró que "los controles han fallado". "Sois unos ineptos y en una empresa privada estaríais todos despedidos", dijo al equipo de gobierno.

¿Y qué habría que hacer con Martín Serón? Las miradas hacia el alcalde de Alhaurín el Grande eran inevitables, por más que el PP se quejara de que no era el tema del pleno, y de que él mismo implorara "por los clavos de Cristo" que no se le ataque más "de forma encarnizada".

La portavoz de IU recriminó al PP que ponga bajo sospecha toda la institución y le inquirió sobre su autoridad moral "cuando es cómplice de un caso de corrupción que está amparando y protegiendo". Y el portavoz del PSOE, Jesús Mora, planteó una reflexión sobre la autoridad con la que la Diputación podría actuar contra su jefe de arquitectura "cuando salga en libertad bajo fianza si hay un diputado en esa misma situación". Martín Serón pagó 100.000 euros para quedar en libertad en enero de 2007.

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Ahora, que cuatro alcaldes del PP imputados por corrupción han dimitido, el de Alhaurín el Grande volvió a proclamarse diferente, víctima de una persecución, "acusado sin un documento, sin una conversación, sin ninguna prueba". Y se explayó en su particular teoría contra la dimisión: "La Fiscalía no puede mandar en la política y su trabajo no puede ser destituir a los cargos públicos".

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