Un todoterreno, una 'tele' de plasma y sobornos por 422.000 euros

Jesús Sepúlveda será ex alcalde de Pozuelo la semana que viene, cuando se celebre el próximo pleno. Hasta entonces manda él. Porque pese a presentar la dimisión, no ha renunciado al acta de concejal. Y tiene que irse -ayer le costó varias horas tomar la decisión que le exigía el partido- porque el juez Baltasar Garzón le imputa varios cobros de sobornos y cohechos por parte de Francisco Correa, el jefe de la trama de corrupción que salpica al PP. Concretamente, le acusa de haber cobrado comisiones por valor de 422.992 euros.

El último auto del magistrado detalla fechas y cantidades entregadas al alcalde de Pozuelo, que en las notas contables de Correa aparece como "J. S.". Según el juez, "una vez que Sepúlveda ganó las elecciones, el grupo empresarial investigado empezó a hacer eventos para este municipio y les compró el proyecto de la Oficina de Atención al Ciudadano". Según el mismo auto, Sepúlveda, presuntamente, recibió de su amigo Correa un Range Rover y una pantalla de plasma.

El alcalde de Pozuelo aparece en la contabilidad B del grupo de Correa. Los primeros pagos, según el auto del juez, se efectuaron el 4 de junio de 2003. Fueron dos; cada uno de 12.000 euros. El mes de octubre de 2004, Francisco Correa, según el auto, abonó una factura de Pasadena Viajes de 8.972 que iba a cargo de Sepúlveda.

El Ayuntamiento y su todavía alcalde se negaron ayer a hacer ninguna declaración. Se remitieron al comunicado que elaboraron por la mañana. En él, Sepúlveda proclama su inocencia y carga contra Garzón. "Es evidente que nos encontramos ante un nuevo episodio Garzón, caracterizado, como ha reconocido la Fiscalía Anticorrupción, por su arbitrariedad, que está perjudicando gravemente al Partido Popular". Según Sepúlveda, "todas las imputaciones son radicalmente falsas [...] y se refieren a indicios falsos".

Y así lo creían todos los miembros de su equipo, que ayer se abrazaban e incluso sollozaban por los pasillos como en un funeral. Algo parecido se respiraba en la calle. "A mí me parece un buen hombre. No creo que haya hecho nada", decía una vecina en la puerta del Consistorio.

La portavoz del grupo municipal socialista de Pozuelo, Eva Izquierdo, se lo creía menos. Ayer denunció que Sepúlveda adjudicó dos contratos a sendas empresas de José Luis Ulibarri, uno de los imputados por el juez Garzón en el caso Gürtel. El primero, adjudicado por concurso público a la constructora Begar en junio de 2003, fue para la construcción de una escuela de infantil y primaria por 3.115.203 euros. El otro se adjudicó a Seralia, una filial del grupo Begar, en septiembre de 2008. Fueron 1.761.000 para la gestión de la ayuda a domicilio.

Además, el alcalde de Pozuelo contrató en varias ocasiones al despacho de abogados del diputado del PP José María Michavila. Eius Abogados realizó, al menos, tres trabajos para el Ayuntamiento. En 2006 se firmó un contrato para realizar dos dictámenes y un asesoramiento jurídico por un importe de 27.000 euros en un procedimiento negociado sin publicidad. Es decir, sin concurso. A este procedimiento optaron otras dos empresas que ofertaron 30.000 euros y que fueron rechazadas. Ofertar por encima del precio de licitación no parece la mejor manera de obtener un contrato.