El ex alcalde encarcelado trató de cambiar las normas urbanísticas con informes anómalos

El Ayuntamiento de Alcaucín intentó en septiembre de 2007 realizar una modificación de sus Normas Subsidiarias en materia de urbanismo para convertir en suelo urbano una superficie de 144.713 metros cuadrados en la zona rústica de Puente de Don Manuel y Venta Baja.

La Junta de Andalucía rechazó en abril de 2008 la modificación porque, entre otras cuestiones de fondo, encontró serias anomalías formales en la memoria presentada por el Ayuntamiento, que fue realizada por el departamento de Arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga, cuyo responsable, José Francisco Mora, es uno de los principales imputados en la causa por corrupción destapada en este municipio de La Axarquía de unos 2.200 habitantes

Junto al ex alcalde José Manuel Martín Alba, son las dos únicas personas de las 13 imputadas en la trama y detenidas por la Guardia Civil el pasado día 27 de febrero para la que la juez instructora del caso Arcos dictó orden de prisión.

Entre otras anomalías, la Junta alegó que la firma del arquitecto no estaba identificada en el documento presentado por el Ayuntamiento, que tampoco estaba debidamente diligenciado.

La resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 16 de mayo de 2008 recoge que "para garantizar el principio de seguridad jurídica proclamado por distintos textos legales dentro de nuestro ordenamiento jurídico es necesario identificar el documento de modo indubitado, para lo cual, en el ámbito urbanístico, el mecanismo es el de diligenciado del documento por parte del secretario municipal, en su calidad de fedatario, haciendo constar en todos los folios y planos que lo integran una diligencia acreditativa de ello".

Además, según la resolución, "la memoria del documento carece del mínimo rigor necesario, incumpliendo de forma flagrante y directa distintos preceptos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y del Reglamento de Planeamiento". Entre otras, la falta de justificación de las mejoras a introducir y planos "legibles" de la clasificación de suelo vigente y modificada.

El consistorio ya tenía previsto en el documento de avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) la recalificación de esta superficie, pero para acelerarla eligió un procedimiento equivocado.

En octubre de 2007 la Junta emplazó al Ayuntamiento de Alcaucín a subsanar los errores y le advirtió de que para seguir adelante con el procedimiento debía también aportar necesariamente un informe de impacto ambiental y otros sectoriales.

El consistorio no contestó ni volvió a hacer trámite alguno, por lo que, agotado el plazo, la Junta dio por caducado y archivado el expediente en abril de 2008.