La ley de la Sindicatura de Cuentas acumula cuatro años de retraso

La Sindicatura de Cuentas, el órgano que fiscaliza los presupuestos de las administraciones catalanas, celebra hoy su primer cuarto siglo de vida y lo hace sin un marco legal adaptado a la actividad que desarrolla actualmente. Pese a las numerosas peticiones de los responsables del organismo, el Gobierno catalán no ha logrado redactar una ley que ponga al día la de 1984. El nuevo texto lleva ya cuatro años de retraso.

El ex presidente de la Generalitat Pasqual Maragall dijo ya en marzo de 2005 que aquel mismo año habría una nueva ley para la Sindicatura de Cuentas. De hecho, la norma estaba en la lista de prioridades del Pacto del Tinell, que alumbró el primer Gobierno catalanista y de izquierdas. El presidente José Montilla cogió el guante hace dos años y aseguró entonces -marzo de 2007- que muy pronto se aprobaría la nueva ley. Con todo, el texto sigue en proceso de redacción y el Gobierno no sabe cuándo lo aprobará. "Es una ley con grandes complicaciones técnicas", justifican los responsables del Departamento de Economía encargados de redactar el texto.

El retraso en la ley también se explica, según otras fuentes, porque el Gobierno ha querido priorizar la ley de la Oficina Antifraude.

Ciertamente, la Sindicatura de Cuentas, presidida por Joan Colom, necesita ponerse al día después de que en 1984 fuera adaptada a la legalidad mediante una ley que provocó múltiples fricciones con el Gobierno central. La coexistencia de la sindicatura con Tribunal de Cuentas y el solapamiento de determinadas funciones entre ambos organismos ha sido una constante desde entonces. La sindicatura, por ejemplo, no tiene potestad para sancionar a las administraciones en caso de observar irregularidades. Su función se limita a detectar estos problemas y remitir sus informes al Tribunal de Cuentas, que sí tiene capacidad punitiva.

La nueva ley de la Sindicatura de Cuentas ha sido plasmada ya en varios borradores. A grandes rasgos, el texto tratará de delimitar mejor la acción de la sindicatura. También se ampliarán sus funciones. Ahora el organismo se limita básicamente a fiscalizar la contabilidad de los organismos públicos y las empresas con capital público. El objetivo es que se puedan fiscalizar también los programas que hacen estas administraciones. La opacidad que mantienen algunas instituciones y la resistencia que oponen a la hora de ser investigadas también podrán ser penadas, algo muy difícil con el texto vigente.

En las últimas semanas la Sindicatura de Cuentas ha sido noticia por las irregularidades que detectó en el Servicio de Emergencias Médicas, empresa de capital público que repartió 60.000 euros en sobresueldos a sus directivos en 2006. El asunto llegó ayer al Parlament y la consejera de Salud, Marina Geli, defendió la gestión de esta sociedad ante duras críticas de Convergència i Unió. Los nacionalistas dijeron que una vez que las irregularidades han sido probadas por la sindicatura, Geli debe asumir "responsabilidades políticas".