Un movimiento que retrasa el juicio

La decisión del magistrado Óscar Pérez de incorporar a 17 nuevos imputados al caso retrasará aún más la celebración de la vista oral, para la que no se atisba una fecha concreta. Según fuentes judiciales, la adjudicación de nuevos delitos a los procesados antiguos y la entrada de nuevos imputados obligará a repetir el trámite de las declaraciones indagatorias a los 103 procesados.

A partir del próximo 16 de marzo, el juez Pérez comenzará a tomar de nuevo declaración a los imputados, un trámite en el que se les informa de los cargos que pesan sobre ellos y en los que les pide que ratifiquen o amplíen su declaración inicial en el juzgado.

Una vez hechas las indagatorias, Óscar Pérez deberá dictar el auto de conclusión del sumario, que supera los 40.000 folios, para que la Audiencia Provincial de Málaga pueda dar traslado a las partes para que presenten sus escritos de calificación.

El fiscal anticorrupción que ha llevado el grueso del caso, Juan Carlos López Caballero, calculaba el pasado octubre que redactar su escrito acusatorio le llevaría "un mes de trabajo a tiempo completo".

Las nuevas imputaciones complican también el aspecto logístico del caso. La vista oral todavía no cuenta con una sede decidida. La Junta de Andalucía y la Audiencia Provincial de Málaga están estudiando dos opciones. La que parece cobrar más fuerza es celebrar el juicio en los sótanos de la nueva Ciudad de la Justicia de Málaga. Este espacio, de 750 metros cuadrados y totalmente diáfano, deberá alojar tanto la sala de vistas, con capacidad para el tribunal, los 103 imputados y sus abogados defensores, así como salas para funcionarios, abogados y medios de comunicación. Sólo si se cuenta con un letrado por cada acusado, el espacio actual es de 3,6 metros cuadrados por cada persona.

Otra solución que se maneja es la colocación de una estructura en la zona ajardinada de la Ciudad de la Justicia, para lo que se requerirían permisos de obra del Ayuntamiento.

En la actualidad, sólo el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, permanece en prisión por el caso Malaya. En el nuevo auto de procesamiento, el juez Pérez afirma que el ex asesor urbanístico ha reconocido ser el propietario de diversas sociedades bajo las cuales se oculta su fortuna. Hasta el punto de que "él mismo designó interventor (como verdadero titular) en las distintas administraciones judiciales acordadas".

Mientras se celebra el tronco central de Malaya, las distintas piezas separadas derivadas del caso siguen su curso. Una de las que parecía estar más cerradas, la referente al supuesto caso de blanqueo en el que están imputados el ex alcalde Julián Muñoz, su ex esposa Mayte Zaldívar y su ex pareja Isabel Pantoja, se retrasará para interrogar a nuevos imputados, según fuentes judiciales.