El segundo de Gallardón activa el caso al denunciar ante el juez que fue espiado

El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo (PP), que sufrió seguimientos supuestamente realizados por agentes de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, ha presentado una denuncia ante el juzgado de guardia -tras hacerlo hace un mes ante la Fiscalía de Madrid- para que se reactive la investigación del espionaje del que fue objeto entre los meses de abril y mayo de 2008, en plena batalla interna por el poder en el PP. En estas semanas, la fiscalía ha llamado a declarar al periodista de EL PAÍS que destapó los hechos y ha solicitado algunos datos a la Consejería de Interior.

Cobo pide ahora al juez que abra una investigación y que compruebe si, como mantienen dos peritos calígrafos que hicieron un informe para EL PAÍS, la letra manuscrita que aparece en los partes de seguimiento corresponde a uno de los agentes que trabajan a sueldo del Gobierno regional. "Dado que tanto el Ayuntamiento de Madrid como el vicealcalde desconocen las investigaciones realizadas, nos vemos en la necesidad de poner estos hechos en conocimiento del juzgado, por si los mismos fueren constitutivos de ilícito penal al amparo del artículo 24.1 de la Constitución que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva", señala el letrado del Ayuntamiento en la denuncia presentada el pasado 20 de febrero.

El alto cargo del Ayuntamiento ya acudió a la fiscalía hace un mes

Cobo fue espiado en plena batalla entre Aguirre y Rajoy por el poder en el PP

El escrito llegó ayer a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid. Los mismos que durante las próximas cuatro semanas investigarán en una comisión especial los seguimientos a políticos para depurar posibles responsabilidades. El Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Grupo Parlamentario Popular se han negado a facilitar documentación clave para poder investigar estos hechos.

Cobo fue seguido supuestamente por agentes autonómicos -según se desprende de los partes de seguimiento publicados por este periódico- en los mismos meses en los que el entonces consejero de Justicia de la Comunidad, Alfredo Prada, sufría un espionaje similar. Tanto Prada como Cobo se habían convertido para entonces en adversarios políticos de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid. Ella amagaba con disputar la dirección del PP tras la derrota de la candidatura de Mariano Rajoy en las elecciones generales. Cobo y Prada apoyaban a Rajoy.

Aguirre destituyó a Prada como consejero de Justicia unos días después del congreso que el PP celebró en Valencia, donde Rajoy revalidó finalmente su cargo por amplísima mayoría sin tener que competir con ningún candidato alternativo. Los seguimientos a Prada fueron más exhaustivos que los del vicealcalde, llegando en algún caso a tomarse fotografías de las personas que acompañaban al entonces consejero de Justicia en un almuerzo.

El 27 de junio de 2008 -el día siguiente de la destitución de Prada-, cuatro agentes de la Consejería de Interior comandados por el entonces director de Seguridad, Sergio Gamón, entraron en un despacho de un organismo de la Consejería de Justicia donde trabajaba un hombre de confianza del ya ex consejero, y requisaron una serie de documentos y un ordenador personal. La fiscalía investigó estos hechos pero acabó archivándolos dado que la videocámara que grabó la irrupción de los agentes en el despacho había borrado las imágenes cuando se inició la investigación.

[Por otra parte, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, José Sierra, ha denegado a PSOE e IU la posibilidad de personarse como acusación popular en la investigación del espionaje sufrido por el vicepresidente Ignacio González en sendos viajes el año pasado. Los dos grupos de oposición recurrirán la decisión ante la Audiencia Provincial, informa Europa Press].