Tres ex consejeros de Madrid niegan que hubiera espionaje en sus etapas

Casi un mes después de que se constituyera en la Asamblea de Madrid, los trabajos de la comisión de investigación sobre la supuesta trama de espías han arrancado este miércoles con la vista puesta en el pasado. Tres ex consejeros con competencias en Interior y Seguridad han negado que en sus respectivas épocas se ejerciera con sus funcionarios labores de contravigilancia.

El ex consejero del PP Pedro Calvo, consejero con Gallardón cuando éste presidía la Comunidad, ha dicho que los técnicos de seguridad "nunca hicieron contravigilancia ni vigilancia avanzada, entre otras cosas porque no son legalmente competentes para hacerlas". El concejal del PP, que dirigió las competencias regionales de seguridad desde el año 2000 hasta 2003 como consejero de Medio Ambiente ha dicho que le ha parecido ridículo que el PP haya llamado a declarar a ex consejeros para averiguar la estructura del servicio de seguridad porque "el problema no está en las estructuras, el problema es que se le encargue aquello que no se debe hacer y además es ilegal, si eso es lo que ha sucedido", informa Vera Gutiérrez Esto es como si cuando pasó lo de Luis Roldán se hubiera llamado a declarar al duque de Ahumada y a todos los directores de la Guardia Civil desde entonces.

El también ex consejero del PP con Gallardón Carlos Mayor Oreja, que estuvo al frente de Medio Ambiente aunque con competencias en Seguridad entre junio de 1999 y mayo de 2000, ha asegurado que los funcionarios de su departamento se limitaban "exclusivamente a vigilar edificios", y que la contravigilancia las realizaba "la Policía Nacional, que para eso estaba", informa Jesús Sérvulo González. "No me hicieron dossiers; sólo en casos muy puntuales se ha podido colaborar con Interior", ha afirmado. El diputado de IU Fausto Fernández ha llamado "canalla" al PP por solicitar la comparecencia de Mayor Oreja, puesto que la comisión aborda "un hecho ajeno" al ex consejero.

Cano niega los informes

Previamente, Virgilio Cano, ex consejero de Gobernación en época del Ejecutivo socialista de Joaquín Leguina (1983-1995), cuya comparecencia fue también solicitada por el PP, ha inaugurado las sesiones y ha asegurado no saber cuál es su papel en la investigación. Cano ha afirmado que durante su etapa de gobierno "no se hacía contravigilancia, ni seguimiento de personas, ni ningún tipo de espionaje", y que el "único cargo" que tenía seguridad y escolta era el presidente Leguina. "Jamás hubo un informe, parte o nota que no tuviera que ver con las competencias de la Comunidad".

El PP ha citado a los tres ex consejeros porque en su día tuvieron "competencias en materia de seguridad", al igual que el resto de comparecientes de este miércoles. Cano ha garantizado que en la etapa de gobierno de Leguina no hubo "voluntad política de hacer ningún desarrollo de Policía Autonómica ni nada que se le pareciera", y que existía "bastante consenso" respecto a las competencias de seguridad a las que se ceñía el Gobierno regional. En ese sentido, las únicas competencias eran las de "vigilancia y control de acceso a los edificios", según Cano.

Vigilancia desde 1988

El PP ha negado que bajo el gobierno del PP se hayan creado los servicios de espionaje y ha apuntado que las competencias de los servicios de seguridad corresponden a ejecutivos anteriores, como el de Leguina, que posteriormente heredaron Gallardón y Esperanza Aguirre. El portavoz del PP en la Comisión, David Pérez, ha repartido unos documentos que reflejan supuestamente que el personal del Área de Seguridad de la Comunidad de Madrid está autorizado a realizar tareas de "vigilancia de personas" desde 1988.

El diputado de IU Fausto Fernández ha asegurado que hay "casos de espionaje" en el actual Gobierno y que están "empeñados" en esclarecerlos. Los grupos de la oposición no cuestionan la existencia de la estructura de seguridad sino "las labores de estos servicios", según la portavoz del PSOE, Maru Menéndez. Para el portavoz del PP, Juan Soler, los servicios de seguridad existen desde la época de Leguina y ha señalado que si que en algún momento han podido realizarse seguimientos es un hecho que "carece de importancia".

El PSOE pide la dimisión de Granados

Menéndez ha pedido la dimisión del consejero de Interior Francisco Granados tras conocerse la información publicada este miércoles por EL PAÍS en la que se apunta que el Área de Seguridad del Gobierno regional compró dos potentes motos y cuatro cámaras fotográficas tan sólo unos meses antes de que se produjeran los seguimientos. Sin embargo, Granados afirmó el martes que las motos se adquirieron por el traslado de correspondencia y las cámaras para poder hacer fotografías desde los helicópteros de la Comunidad.

Antes de la comparecencia de Cano, el Grupo Socialista e Izquierda Unida se han quejado porque la información sobre la sesión la han recibido sólo media hora antes del inicio. Durante las últimas semanas, ambas formaciones han acusado al PP de demorar intencionadamente el arranque de la investigación. El líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ha vuelto a acusar este miércoles al PP de "vetar" a los comparecientes y de "poner trabas" a la hora de facilitar la documentación solicitada por los grupos parlamentarios.

Hasta el 31 de marzo podrían comparecer 29 invitados en sesiones de mañana y tarde los lunes y miércoles, y tan solo en sesión de mañana los viernes, para tratar de dilucidar las responsabilidades políticas que pudieran derivarse de la existencia de un equipo de espías.

Cano asegura que no hizo espionaje ni contravigilancia en tiempos de Leguina