La OCDE recomienda a España reducir el coste del despido

La recesión ha puesto el foco sobre el mercado laboral, que suma parados ahora al mismo ritmo acelerado al que antes creaba empleo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) irrumpió ayer en el enconado debate sobre qué medidas adoptar y tomó partido por quienes, con la patronal a la cabeza, urgen a reducir las indemnizaciones por despido en los contratos estables (hasta 45 días por año trabajado).

La polémica cogió vuelo hace tres semanas cuando el Banco de España abogó por rebajar los costes que soportan las empresas al despedir a sus empleados. Sindicatos y Gobierno opusieron que el debate no viene a cuento cuando el número de parados ha aumentado en un millón de personas, lo que consideran prueba de la flexibilidad del mercado laboral. Pero la OCDE sí cree que debe ser una prioridad, hasta el punto de incluirla entre los cinco consejos básicos al Ejecutivo español para encarar la crisis.

El organismo internacional divulgó sus recomendaciones a las economías avanzadas en un completo informe, que detalla qué medidas considera prioritarias para cada país. "El elevado coste del despido en los contratos estables, sobre todo en comparación con los trabajadores temporales, ha creado un mercado laboral segmentado que penaliza la productividad y ha puesto barreras a la incorporación de mujeres, jóvenes e inmigrantes", argumenta el informe de la OCDE para reclamar "una reducción de la indemnización por despido".

El organismo internacional también aconseja la promoción de un modelo de contratación que gradúe la indemnización según el tiempo que lleve el empleado en la empresa. Y aboga por limitar la aplicación de los convenios colectivos. La OCDE sostiene que la extensión de los derechos reconocidos en convenios sectoriales o regionales hace más difícil ligar las alzas salariales a las ganancias de productividad.

Las recomendaciones incluyen otras recetas tradicionales, como medidas para mejorar el sistema educativo, cambios en la regulación de la actividad comercial para incrementar la competencia o la supresión de los subsidios (desgravación en el IRPF). Como consejo generalizado a los países avanzados, el organismo internacional propugna la reducción del impuesto de la renta a los trabajadores con menos ingresos y la inversión en infraestructuras.