La Audiencia archiva el caso del detenido que murió al escapar de un coche de los Mossos

Carpetazo judicial al caso del detenido de Badalona que escapó esposado de un vehículo policial de los Mossos, se subió al techo y murió atropellado. La Audiencia de Barcelona ha revocado la decisión del Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona de que continuara adelante el proceso y se sentaran en el banquillo dos agentes de la policía autonómica. La justicia considera ahora que la culpa de lo ocurrido fue del detenido y que los dos policías imputados no han de ser juzgados.

"Los agentes no realizaron una conducta que generara un riesgo para la vida de Sergio Carmona. Fue éste el que creó el riesgo, rompiendo el cristal del vehículo y subiendo al techo del mismo", asegura el auto dictado por la Sección Séptima, presidida por la magistrada Ana Ingelmo. El tribunal realiza ese pronunciamiento al resolver el recurso que presentó el abogado de la Generalitat contra la decisión del juez de Badalona de continuar adelante con el procedimiento.

Sergio Carmona, de 22 años, falleció el 22 de mayo de 2007, a consecuencia de las heridas sufridas dos días antes, cuando, esposado, rompió a patadas el vidrio del coche policial y trepó al techo. Según el relato de la policía, el conductor redujo la velocidad y Sergio chocó contra el suelo. El detenido que viajaba junto a la víctima declaró, por el contrario, que el mosso conductor frenó "de golpe".

El juzgado de Badalona imputó a los dos policías por imprudencia profesional y los abogados de la familia del fallecido entendieron que podía existir un delito de homicidio imprudente. Según esos argumentos, los mossos no prestaron la atención debida al comportamiento del detenido y el vehículo no frenó cuando debió hacerlo.

La Audiencia entiende que para apreciar la imprudencia ha de considerarse la relación entre quién es el que crea el peligro que se reprueba y el resultado de daño producido. Lo que se reprocha a los policías, continúa el tribunal, es que no actuaran de forma distinta de como lo hicieron ante la reacción del detenido. Y eso no es delito, añaden.

En todo caso, los jueces añaden que el deber de custodia y protección de los detenidos y el cumplimiento de los protocolos, pudieran dar lugar a una responsabilidad patrimonial de la Administración. Pero eso implica iniciar otro procedimiento judicial distinto del penal, y "si es que se incumplieron" esos protocolos, advierte el tribunal.