La oferta de empleo público se reduce a la mitad por la crisis

Izaskun Buelta, una dependienta madrileña con síndrome de Down, preguntó a José Luis Rodríguez Zapatero en el programa Tengo una pregunta para usted si ella podría trabajar en la Administración pública. Ayer le llegó la respuesta vía Consejo de Ministros. Por primera vez, un 2% de las plazas de la oferta de empleo público se reservan a discapacitados intelectuales.

La medida llega con una oferta muy mermada por la crisis económica. El Consejo de Ministros aprobó la convocatoria de 20.613 plazas, casi la mitad de las que se ofertaron en 2008, 38.000. De este modo, repondrá el mínimo que marca la ley para puestos vacantes por bajas, jubilaciones o excedencias. La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, admitió que la "austeridad" de la oferta de este año, que incide en la política de contención de gasto del Ejecutivo, es la "adecuada" en el actual momento de crisis económica.

La limitación de la tasa de reposición -porcentaje de nuevos empleados públicos que se incorporan a la Administración General del Estado respecto al número de los que la abandonaron- no se ha aplicado a los servicios públicos considerados esenciales, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con 4.957 plazas. Lo mismo ocurre con la Administración de Justicia, con 2.883 plazas, y las destinadas a Instituciones Penitenciarias, con 1.572 así como la educación, la sanidad, la Inspección de Trabajo o la seguridad aérea. No afectará tampoco al personal dedicado a las políticas activas de empleo, a las prestaciones por desempleo y al control y lucha contra el fraude fiscal y el control del gasto público.

La reserva de plazas a personas con algún tipo de discapacidad intelectual se suma al 5% de reserva para personas con discapacidad física o sensorial que ya se venía aplicando en anteriores convocatorias.

Asimismo, la convocatoria de la oferta de empleo público profundiza en las medidas para asegurar la igualdad de hombres y mujeres en los procesos selectivos de la Administración General del Estado. En aquellos puestos en los que se requieran pruebas físicas, establecerán baremos diferentes para hombres y mujeres y se permitirá aplazar las pruebas a las mujeres que, por embarazo de riesgo o parto, no puedan concluir los procesos selectivos con el resto de los aspirantes.