Un juez ve indicios de prevaricación de García Pelayo en un caso urbanístico

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez aprecia la presunta comisión de un delito de prevaricación de la ex alcaldesa y actual concejal María José García Pelayo, del PP, en el caso Huertos de Ocio, que investiga el desalojo de unos 30 parcelistas asentados sobre unos terrenos que fueron transmitidos a una promotora local para que edificara decenas de viviendas unifamiliares.

El magistrado Antonio-Jesús Jiménez Álvarez hace constar en la resolución, firmada el 25 de febrero, que de las actuaciones practicadas en el procedimiento "parecen indicios racionales de criminalidad" imputables, entre otros, a la también parlamentaria andaluza.

Precisamente por su condición de aforada, el juez se inhibe del caso a favor del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y emite el auto. García Pelayo ocupa la vicepresidencia segunda del Parlamento de Andalucía.

El auto aprecia "indicios racionales de criminalidad" en el desalojo

En el documento, el juez informa al alto tribunal andaluz de que García Pelayo en el año 2003, en calidad de alcaldesa de Jerez y presidenta del Consejo de Gestión de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), adoptó varias resoluciones "presuntamente prevaricadoras".

Jiménez Álvarez detalla que el 7 de agosto de 2003 el Consejo de la GMU dictó un acuerdo para requerir el desalojo de una parcela a unas personas que tenían cedido por contrato el uso de unos huertos de ocio "sin tramitar el correspondiente expediente administrativo de resolución de los contratos". Los huertos de ocio son unas pequeñas parcelas en las que los arrendatarios cultivaban productos hortícolas, sin que estas labores constituyeran una actividad profesional.

Asimismo, el magistrado advierte tras tomar declaración a la mayoría de los denunciados por los parcelistas y examinar las pruebas periciales que el desahucio se materializó "con la intención de facilitar la transmisión, en el mes de octubre de 2003, de dicha parcela a una empresa privada mediante un contrato de permuta". Ese contrato de permuta evita la cesión de los terrenos por concurso público, con lo que el juez entiende que los acuerdos adoptados se hicieron "con la intención última de favorecer a la empresa privada Xera Promociones, S.A. [propiedad del conocido empresario jerezano José Antonio Monreal] con la disponibilidad inmediata de dicha parcela".

Se añade en la resolución que el área de Urbanismo que entonces dirigía el andalucista Pedro Pacheco desalojó a los parcelistas en el mes de mayo de 2004, incluso después de haber transmitido los terrenos a la promotora y por tanto sin gozar ya de la titularidad del suelo.

Cabe recordar que los 30 parcelistas desalojados de los huertos de ocio, asentados sobre unos 25.000 metros cuadrados, denunciaron a todos los vocales con presencia en los mencionados Consejos de Gestión de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Como consecuencia, también están implicados en la causa la actual alcaldesa de Jerez, la socialista Pilar Sánchez, entonces concejal de la oposición; y Pedro Pacheco, entonces primer teniente de alcalde de la corporación presidida por García Pelayo y delegado municipal de Urbanismo. Sánchez ya declaró ante el magistrado su ausencia de esos Consejos de Gestión.