Aguirre se mofa de la investigación pese a destituir a tres cargos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se mofó ayer de las grabaciones que implican a cargos del PP con la presunta trama de corrupción de Francisco Correa. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado de forma extraordinaria en Torrejón (Madrid) aseguró que las grabaciones, aportadas por José Peña, ex concejal popular expulsado del partido, son "conversacioncillas" de una persona que "presume y acusa de ciertas cosas que implican delitos gravísimos a otras personas", cosas "que pueden ser ciertas o no". "Es como si el alcalde de Torrejón dice que tiene muchas relaciones con Angelina Jolie", ironizó, "o como decirlo del consejero de Sanidad, que hasta tendría más credibilidad", dijo. Pese a todo, la presidenta de Madrid ha tenido que destituir a tres cargos por este asunto, uno de ellos su consejero de Deportes, Alberto López Viejo.

Aguirre arremetió también contra la consulta del juez Garzón a la Fiscalía Anticorrupción sobre qué tribunal debe ser en el encargado de seguir el caso Gürtel. Aseguró que se trataba de "una nueva triquiñuela" del juez para no pasar el caso "ni al Supremo ni a los Tribunales Superiores de Valencia y de Madrid, sino quedarse él con el asunto".

Aguirre añadió que "el ministro furtivo", Fernández Bermejo, "ya ha dimitido" y que "el juez socialista" Baltasar Garzón "sigue actuando". Criticó las filtraciones del sumario y aseguró que está a la espera de que se publiquen "en determinados medios" las conversaciones transcritas.

Contratos en Jerez

Por otra parte, la ex alcaldesa de Jerez María José García Pelayo (PP) desoyó hasta dos advertencias de la intervención municipal sobre la adjudicación de contratos públicos a dos de las empresas implicadas en la trama de corrupción que investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

La parlamentaria andaluza adjudicó en enero de 2004 los contratos de servicios para la presencia de Jerez en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) a las sociedades Special Events y Down Town Consulting (actualmente Easy Concept) por valor de 202.172 euros sin contar con la aprobación del Consejo Rector del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC) que García Pelayo presidía en calidad de alcaldesa.

La interventora municipal advirtió por escrito que el órgano "competente para la aprobación" de los contratos "es el Consejo" del IPDC. A pesar de los escritos de la interventora, García Pelayo optó por adjudicar los trabajos a Special Events y Down Town Consulting por resolución de presidencia.