Barberá asume la relación con dos empresas de Ulibarri

El Ayuntamiento de Valencia, que preside Rita Barberá, ha mantenido relación con tres empresas vinculadas a la operación Gürtel. Esa fue la respuesta del teniente de alcalde, Alfonso Grau, a las preguntas formuladas en su día por los socialistas por la posible vinculación de 201 empresas con la trama de corrupción en torno al PP. El grupo municipal presentó al pleno el 18 de febrero dos centenares de preguntas para saber si el Ayuntamiento o alguno de sus organismos ha firmado contratos con las empresas investigadas o las que aparecen vinculadas societariamente a los principales imputados.

Sin ocultar su malestar e irritación, Grau contestó a la oposición en una conferencia de prensa previa a la celebración del pleno. "Desde 1994 [fecha en que se informatizó el sistema de información económica] no consta abono alguno a las otras 199", dijo el primer teniente de alcalde. Las tres empresas con las que el Ayuntamiento tuvo algún tipo de relación son Prosegur Compañía de Seguridad, SA, a la que se deben 404.767 euros por servicios de vigilancia en el área de cultura; Mediamed Comunicación Digital, por cuñas publicitarias y varias retransmisiones a través de Tele 7, y Begar Construcciones y Contratas, SA, que Grau no incluye entre las que han tenido plena relación con el Ayuntamiento porque resultó adjudicataria de una obra pública para la construcción de un aparcamiento, un proceso que se encuentra en fase de precomercialización. Las dos últimas firmas están vinculadas al empresario castellano-leonés José Luis Ulibarri.

Respecto a las preguntas relacionadas con una docena de entidades vinculadas al Ayuntamiento, como Feria Valencia, Grau adelantó que no van a dar ninguna respuesta porque tienen personalidad jurídica propia y porque no corresponde hacerlo en un pleno. El miembro del equipo de gobierno municipal arremetió contra los socialistas "por su mala voluntad e incompetencia", ya que, según afirmó, toda "esta información ya la tenían".

La portavoz socialista, Carmen Alborch, replicó que su grupo no permitirá que se deslegitime su trabajo en la oposición. "El PP pretende deslegitimar no solo al que juzga o instruye en el ejercicio de sus funciones, como ha sucedido con el juez Garzón, sino también al que pregunta en el ejercicio de sus responsabilidades y no lo vamos a consentir que deslegitime nuestro trabajo en aras de la transparencia", dijo la concejal socialista.