"Siempre pagamos los mismos"

Adrián ha venido a registrar a Adrián segundo. Temprano. La persiana abre a las 9.00 y él, que acaba de ser padre, lleva desde las doce de la noche plantado delante. Es el primero de la fila. A las 8.15 más de 300 personas hacen cola en la calle, a las puertas del Registro Civil de Madrid (Pradillo, 66). El rumano Adrián ha pasado la madrugada entre la acera y su coche mal aparcado con la luna delantera rota.

Su mujer y el otro Adrián llegaron más tarde para evitarse el frío. Pero ninguno se libró de la pitada ensordecedora, de los empujones, las peleas, los gritos y la pérdida de la paciencia. Porque los funcionarios del registro estaban ayer en huelga por octavo día, como el resto de los trabajadores de las dependencias judiciales de Madrid. Fue el último, pero la protesta contra la Consejería de Justicia a esa hora, en Pradillo, significaba otra mañana de desconcierto. "Siempre pagamos los mismos. Tendrán sus motivos pero nos hacen polvo", se quejaba Sergio González con un papel en la mano para registrar a su hija Leire. Tuvo suerte y fue uno de los que consiguió entrar, tras pasar la noche en la acera "entre cafés y cigarros".

Unos 300 funcionarios con silbatos se ocuparon de recordar la huelga sin parar de pitar durante más de una hora. Cuando subió la persiana los huelguistas intentaron cerrar el pasillo abierto con vallas para la gente. Tres policías nacionales y tres vigilantes de seguridad forcejeaban al otro lado para intentar impedirlo. "¡La culpa de esta huelga la tiene Esperanza!" y "¡Granados, pendejo, vete con Bermejo!", gritaban, entre pitidos y lamentos de los usuarios. "¿No podrían protestar sin pitar?", preguntó una mujer a uno de los que llevaba el silbato más grande. "No sería lo mismo", justificó el hombre.

No hay cifras oficiales de los estragos que han provocado ocho días de huelga en los juzgados de Madrid. En Pradillo, Registro Civil Único de Madrid, significa casi 2.500 trámites sin resolver, según estimaciones de este periódico a partir de datos facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Es decir, 1.520 bebés no registrados, 120 matrimonios en el aire, 800 extranjeros que no han podido tramitar su nacionalidad española. Datos que esconden dramas con rostro. La mayoría de los que aguardaban turno o suerte ayer por la mañana llegaron de madrugada. Casi todos esperaban para registrar a sus recién nacidos. Dieron 70 números de los 250 que normalmente se atienden. A Cornelia no le llegó la vez. Y lloraba justo por eso. "Hemos venido cinco días seguidos y nada", se quejaba su marido a gritos.

Unos metros más atrás, dos hombres se enzarzaron en una pelea. "Ha intentado colarse", protestaba Manuel, con la nariz sangrando. "Es una vergüenza que no haya más policía para regular esto". Ayer se desplegaron dos coches y un furgón policial con media docena de agentes.

A su lado dos policías tomaban los datos a Luis Fernando, el que supuestamente quería colarse, con un niño en brazos. "Sólo iba a pedir información pero se me echó encima, me he tenido que defender", explicaba a los agentes. Su mujer también lloraba.

"La culpa no es mía, tengo que pasar, tengo que pasar", gritaba Ricardo Quesada, ecuatoriano de 35 años. "Me citaron para hoy, en serio, para hoy", lleva 11 años en España. Ayer tenía cita para firmar por fin su nacionalidad española. Pero no pudo ser, porque el papel no ponía fecha. Y sin fecha fija y con huelga, no hubo nada que hacer.

"Pero ¿cuándo van a poder atenderme? ¿Cuándo?", le pedía un hombre al vigilante poco antes de las 10.00. "No lo sé, chico, míralos, están de huelga". "¿Y hasta cuándo?". La respuesta llegó por la tarde, cuando los trabajadores votaron el final de la huelga (936 síes, 126 noes y 24 abstenciones). Logran una subida de 90 euros al mes. Al final, el acuerdo consensuado por la mañana entre los sindicatos y el consejero de Justicia, Francisco Granados, ganó por goleada. Y es que la asamblea fue algo parecido a un partido de fútbol. Empezó con una cerrada ovación "por la unión demostrada por los trabajadores" y acabó con gritos de "¡A por ella, oé!", dirigidos a la presidenta regional, Esperanza Aguirre.

Entre medias, más de 90 minutos de gritos y sudor entre el millar de trabajadores, de los 5.800 funcionarios de Justicia de Madrid, apelotonados en el instituto Virgen de la Paloma. Hubo vítores para los tres puntos principales del acuerdo que, después de ser aprobado por los trabajadores, fue ratificado en la Consejería de Justicia. Lo primero, 90 euros de incremento mensual en 2009, 140 euros en 2010 y otros 90 en 2011. Este último año, los funcionarios recibirán también un ingreso adicional de 780 euros, con la paga extra de junio, para compensar la pérdida adquisitiva en 2009.

Además de estos incrementos, el Gobierno regional se compromete a crear 24 nuevas plazas para registros civiles este año y transformar 181 contratos de refuerzo en plazas de plantilla. Para 2010 se crearán 70 puestos nuevos y en 2011 se destinarán 2,6 millones de euros en aumentar la plantilla. El acuerdo ha de ser ratificado la próxima semana en el Consejo de Gobierno.