El PP contrató a dedo en Jerez a empresas que investiga Garzón

La trama de corrupción vinculada a instituciones gobernadas por el PP que investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tiene más ramificaciones en Andalucía. En concreto, salpica también al Ayuntamiento de Jerez cuando estaba gobernado por la popular María José García Pelayo.

La dirigente popular adjudicó a dedo en enero de 2004 los contratos de servicios para la participación de Jerez en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) a las empresas Special Events y Down Town Consulting (actualmente denominada Easy Concept), vinculadas al presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa.

García Pelayo firmó las adjudicaciones por procedimiento de urgencia y sin publicidad por valor de 202.172 euros. En los contratos rubricados por la dirigente popular están estampadas las firmas de Pablo Crespo, consejero delegado y representante de la empresa Special Events, S.L.; así como de Isabel Jordán y de Javier Nombela, ambos en representación de la firma Down Town Consulting, S.L.

Los tres firmantes están implicados en la trama. Crespo, ex secretario de organización del PP en Galicia, ya ha ingresado en prisión. Jordán está imputada por Garzón, al igual que Nombela, vocal del PP en la Junta de Distrito de Moncloa y destituido por el alcalde Alberto Ruiz Gallardón.

La adjudicación se produjo incurriendo en varias irregularidades. García Pelayo ignoró un informe, del 8 de enero de 2004, de la interventora municipal en el que se advertía de que el Consejo Rector del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC) era el órgano competente para la adjudicación de los trabajos.

Sin embargo, la ex regidora adjudicó las obras una semana después, el 15 de enero, por resolución de presidencia. De hecho, no se dio cuenta al Consejo Rector hasta el 24 de marzo, dos meses después de que finalizara la feria.

Hay más irregularidades. García Pelayo, en calidad de presidenta del IPDC, recurrió a un procedimiento excepcional y urgente para la tramitación de los expedientes, con arreglo a un artículo de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La popular se acogió a esa urgencia evitando así el concurso público y la publicidad de las adjudicaciones a pesar de que la organización de Fitur es un evento perfectamente previsible para un ayuntamiento.

En cualquier caso, este procedimiento exige a la Administración negociar al menos con tres empresas distintas para adjudicar el servicio. Un requisito que tampoco se cumplió. En la documentación sólo se hace constar la existencia de las empresas adjudicatarias de los contratos.

Desde el PP se afirmó que las relaciones del IPDC con las empresas de la trama "siempre fueron técnicas" y que García Pelayo "respetó la legislación vigente". Los populares anuncian que presentarán "de inmediato" las acciones civiles o penales que correspondan.

Este nuevo caso destapado en Jerez no es el primero que se registra en Andalucía. De hecho, los ayuntamientos de Granada y Estepona también contrataron servicios con las empresas investigadas por el juez Baltasar Garzón.