Michavila defendió al Consistorio de Boadilla por 100.000 euros

El Ayuntamiento de Boadilla, cuyo ex alcalde, el recién dimisionario Arturo González Panero, es uno de los imputados por el juez Garzón por el supuesto caso de corrupción encabezado por Francisco Correa, adjudicó contratos al despacho de abogados que asesora el ex ministro de Justicia del PP José María Michavila, Eius, por valor de más de 100.000 euros para que defendiera al Consistorio en, al menos, cinco causas. Todas ellas por asuntos de contratación pública. El municipio cuenta con unos servicios jurídicos propios.

Casi todos esos juicios en los que la defensa corre a cargo del bufete de Michavila tienen que ver con el aumento de sueldos a cargos de confianza, hasta de 30 personas, en el gobierno municipal. Entre esos cargos figura Elena Cerezo, la mujer del portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, David Pérez. Su sueldo como asesora del alcalde pasó de 45.000 a 55.000 euros anuales en mayo de 2008. "Lo grave no es que pagasen a gente de fuera dinero teniendo ya unos funcionarios que se dedican a eso, sino que contraten a amiguetes para defender ilegalidades", subraya Ángel Galindo, concejal del partido opositor Alternativa por Boadilla.

Uno de los miembros destacados del bufete asesorado por Michavila insistió ayer en que es "frecuentísimo" que los ayuntamientos contraten algunos casos con despacho externos a causa "del desbordamiento de sus propios servicios jurídicos", y recordó que varias directivas europeas prevén "expresamente" esa situación. También subrayó que la falta de concurso público en estos casos se debe a la premura con que deben de atenderse las demandas, "20 días", y reivindicó su bufete recalcando que allí se encuentran "los mayores especialistas de España en contratación pública".

El primero de los casos en los que Eius se hizo cargo de la defensa municipal tiene que ver con una denuncia por cesión supuestamente irregular de un palacete del siglo XVIII a la Sociedad General de Autores. Una parte del caso ya concluyó. El Consistorio de Boadilla ganó el juicio. Otra derivación del caso, cuya fecha de inicio es de 2007, está en el Juzgado número 1 de Madrid.

Los restantes procesos judiciales en los que figura el despacho de Michavila, representado por uno de sus socios, Alberto Dorrego (antiguo director general para la modernización de la justicia en la etapa de Michavila como ministro), se refieren a "la modificación de relación de puestos de trabajo en el Ayuntamiento" o "a las retribuciones de los concejales con dedicación exclusiva o parcial". También a la creación de hasta 30 cargos de confianza. Estos cargos se hicieron públicos en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en junio de 2007.