El PP impone el bloqueo en la comisión de investigación

El PP es, según sus dirigentes nacionales y madrileños, "el principal interesado" en que se descubra la verdad sobre la presunta trama de espionaje político en la Comunidad de Madrid. Pero es también el partido que está bloqueando de facto la comisión de investigación creada en el Parlamento autónomo para desentrañar el caso.

La comisión entra hoy en su tercera semana y aún no tiene calendario de sesiones, porque el Grupo Popular está retrasando lo máximo posible el plazo para presentar su lista de comparecientes y, además, ha negado a la oposición más de la mitad de la documentación reclamada. A este ritmo, lo más probable es que los interrogatorios a los implicados -víctimas o presuntos responsables de los seguimientos- no empiecen hasta pasadas las elecciones vascas y gallegas del 1 de marzo, en las que el PP se juega mucho.

- Retraso en las comparecencias. Según las normas pactadas por los tres grupos, éstos pueden solicitar comparecencias hasta cinco días después de recibir la documentación del caso (que podría empezar a llegar esta semana). PSOE e IU no han apurado ese plazo: presentaron su lista de comparecientes el día en que se constituyó la comisión, el 6 de febrero. Pero el PP aún no ha dicho esta boca es mía, y eso tiene bloqueadas las sesiones.

- Veto a las personas. Socialistas e IU pidieron la comparecencia de 37 personas con nombres y apellidos, y el PP ya les ha tumbado 13. Entre ellas, las de Mariano Rajoy, el ex tesorero y los actuales tesoreros del PP y varios empresarios relacionados con adjudicaciones sospechosas del Gobierno regional.

- Criba en la documentación. El principal palo en la rueda que han puesto los populares tiene que ver con la documentación del caso. El PP, haciendo uso de su mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid, ha rechazado más de la mitad de las solicitudes de PSOE e IU, incluidos documentos fundamentales para investigar. Por ejemplo: el Gobierno de Esperanza Aguirre no entregará a la comisión la "relación nominativa de todo el personal relacionado con el ámbito de la seguridad" en la Comunidad, ni el "organigrama del gabinete y relación de personal de confianza" de la Consejería de Interior, ni los informes internos sobre el asalto a un despacho ajeno por parte de Sergio Gamón, ex director general de Seguridad. Tampoco dará documentación sobre facturas de móviles, material fotográfico o vales de gasolina autorizados por la consejería a sus empleados, que PSOE e IU reclamaban para seguir el rastro de los autores del espionaje.