Los problemas de Roca S. A.
El emporio del ex asesor marbellí, tasado en 120 millones, se desmorona
Juan Antonio Roca cumplirá el 30 de marzo su tercer año en prisión mientras su mareante fortuna, fruto de más de una década de corrupción y saqueo de las arcas de Marbella, se tambalea. El ex asesor urbanístico ha tratado de controlar todo lo posible desde la cárcel de granadina de Albolote el destino de su riqueza, oculta tras un complejísimo entramado societario y tasada por él mismo en 120 millones de euros, pero en los últimos tiempos se ha llevado varios disgustos.
El anterior administrador judicial de las empresas, nombrado por el juez Miguel Ángel Torres, provocó un agujero de 8,2 millones de euros por impagos de IVA; la ganadería equina Marqués de Velilla propone vender alrededor de 60 caballos para evitar la quiebra; y uno de sus supuestos testaferros de confianza, Julio Blasco, ha conseguido una indemnización de 86.000 euros como parte de su demanda de despido de la empresa Masdevallía, dedicada a la promoción inmobiliaria en Murcia y actualmente en concurso de acreedores.
El último embargo deja al ex asesor sin ningún bien puesto a su nombre
El último golpe, quizá el más duro, le llegó el pasado jueves. Óscar Pérez, el actual juez instructor de la causa contra la corrupción, ha ordenado el embargo de numerosos bienes de Roca, entre ellos su residencia habitual, un piso de 500 metros cuadrados junto a la Milla de Oro de Marbella, informa Europa Press. Este embargo se hace para cubrir la fianza de 1.000 millones de euros que le exigió el juez Torres para hacer frente a las posibles responsabilidades económicas en caso de ser condenado en el caso Malaya.
El juez Pérez también ha intervenido otras cuatro fincas, 11 cuentas bancarias de Roca y de su hijo, un helicóptero, un avión, 20 vehículos, así como las obras de arte que le fueron incautadas en los diversos registros policiales. Las primeras 415 obras, halladas en marzo y abril de 2006, fueron tasadas por técnicos de la Junta de Andalucía en 3,7 millones de euros. Tras este embargo, Roca se queda prácticamente sin ningún bien a su nombre disponible.
La defensa del ex asesor urbanístico pidió que se dedujera testimonio -es decir, que el juez actuara de oficio- tras conocer un informe del actual administrador judicial de las empresas de Roca en el que se pone de manifiesto que el anterior administrador supuestamente dejó de pagar 7,7 millones de euros de impuestos de estas sociedades, lo que generó unos recargos de apremio de Hacienda y el pago de unos intereses de 521.700 euros. De momento, según fuentes de la defensa de Roca, el juez "no ha hecho nada" ante lo que consideran una "administración desleal y fraudulenta".
En el caso de la ganadería Marqués de Velilla, que arrastra un déficit de 391.000 euros, este año, la administración judicial actual ha pedido permiso al juez para vender todos los caballos de pura raza española que quedan en las instalaciones. La crisis del mercado caballar hace que los ejemplares tengan que venderse por menos de lo que costaron a Roca en su día. Por ello, los administradores proponen vender los coches de caballos de la ganadería o la transferencia de fondos de otras sociedades de Roca intervenidas judicialmente. Y es que no hay dinero ni para veterinarios ni para pagar el pienso de los animales.
En busca de una sede
El caso Malaya, una de las instrucciones judiciales más complicadas que se han realizado en España, tiene una dificultad añadida: encontrar una sede adecuada para albergar el juicio. Pese a que en enero de 2008 se abrió la Ciudad de la Justicia, el mayor edificio administrativo de Andalucía, en Málaga no hay ningún espacio acondicionado para acoger a casi un centenar de imputados -el juez Torres identificó a 86 en su auto de procesamiento de junio de 2007, pero la nómina sigue creciendo, según fuentes judiciales-, con sus abogados defensores, el tribunal, el público y los medios de comunicación.
La Consejería de Justicia y Administración Pública y el presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, Francisco Javier Arroyo Fiestas, ya han mantenido conversaciones para estudiar las distintas alternativas de ubicación de la enorme sala de vistas.
De momento, la opción que cobra más fuerza es utilizar un sótano diáfano de unos 750 metros cuadrados en la propia Ciudad de la Justicia. Este espacio tendría que tabicarse para instalar en él la propia sala de vistas, una oficina para los funcionarios, una sala de abogados, otra para testigos y una sala de prensa, infraestructura de la que también carecen los juzgados malagueños. Arroyo considera que en un juicio como el de Malaya "por el tipo de acusados, hace falta más orden que seguridad".
La segunda opción que maneja la Dirección General de Infraestructuras y Sistemas de la Consejería es la instalación de una estructura provisional en la zona ajardinada anexa a la Ciudad de la Justicia. Esto requerirá que el Ayuntamiento de Málaga otorgue la oportuna licencia.
En cualquier caso, aún faltan bastantes meses para la celebración del juicio. El juzgado de Instrucción número 5 de Marbella todavía no ha contestado todos los recursos que interpusieron los imputados contra el auto de procesamiento. "Antes de marzo no nos llegarán los recursos de apelación", estima el presidente de la Audiencia malagueña.
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